Esta reiteración fue realizada por Grau tras la solicitud de derogación que hizo la misma Junta Municipal el pasado 28 de mayo a través de la Comisión de Legislación.
La reglamentación que se busca derogar establece que el alcance de la Cuenta Única está integrado por recursos provenientes del crédito público (bonos) y recursos institucionales.
“Les pusimos el plazo de una semana y no nos respondieron, entonces ahora, ya que asume el interventor, es hora de que insistamos para lograr que se elimine esa reglamentación que venía a torcer toda la ordenanza”, dijo Grau en la última sesión de la Junta Municipal.
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Argumentó que la Ordenanza 175/18 de la Cuenta Única le prohíbe al intendente “echar mano de fondos” provenientes de bonos “para cualquier otra cosa que no sean las obras”.
Recordó que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 197, dice que el dinero proveniente de créditos públicos “solamente puede ser invertido en obras y no en gastos corrientes”.
“Este intendente hizo desaparecer más de G. 500.000 millones que hasta ahora no tenemos ningún respaldo documental de adónde fue a parar, o una factura que respalde incluso eso que hizo”, observó Grau, y aludió a la respuesta que brindó la Comuna a la Contraloría en el informe publicado en julio de 2024, en el que se detalla el uso que se hizo de los bonos G8 (2022, G. 360.000 millones) y la administración del dinero de los bonos G9 (2023, G. 195.000 millones).
El concejal Javier Pintos, por su parte, propuso que se realice un pedido de informe sobre la resolución anterior de la Junta, para que el interventor pueda conocer en detalle el pedido.
Pintos propuso, además, que en la comunicación se pida al interventor que, en caso de requerirlo, se solicite asistencia técnica y legal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para diseñar una migración ordenada hacia un nuevo sistema de gestión financiera.
Grau replicó, sin embargo, que la migración a un nuevo sistema se topa con el hecho de que ya no quedan fondos de bonos disponibles.
“Acá lo que queda es reponer el dinero que falta de los bonos, si es que van sobrando. O sea, al derogar (...), no le va a entorpecer la migración, pero le va a cortar el hijo al escorpión. Porque ya no hay más dinero de bonos”, refirió.
El uso de los bonos por medio de la Cuenta Única ha sido defendido en numerosas ocasiones por Nenecho, quien asegura que “el dinero es volátil” y que los billetes “no están marcados”, y pueden utilizarse y reponerse según la necesidad del Municipio.
“A la Contraloría le respondió diciendo que alquiló maquinaria, que pagó combustible, que compró cubierta y un largo etcétera, pero no presentó ninguna factura que respalde eso, no sabemos si existen esos documentos o si incluso si son veraces o no”, apuntó Grau.
Durante la sesión, mencionó las normativas que regulan la utilización del crédito público, como los artículos 10 y 40 de la Ley de Administración Financiera del Estado, el artículo 18 del Decreto 8127, reglamentario de dicha ley, y la misma ordenanza de la Cuenta Única, “que decía que ningún dinero proveniente de bonos podía ir a parar a la Cuenta Única”.
“Sin embargo, Nenecho saca una resolución en la cual en el artículo 7 de la resolución dice que puede meter dentro de la Cuenta Única la fuente 20, que es bonos, entonces ahí está lo criminal de toda esta situación”, indicó el concejal.
“Tenemos que urgirle al interventor municipal que derogue esa resolución con la cual reglamentaron esta ordenanza, y que tengan en sus propias manos, y que vea cómo se torcieron estas ordenanzas y estas leyes en la administración Rodríguez”, expuso.
Municipalidad no remite a la Junta los documentos que respaldan reglamentación
Señaló, por otro lado, que desde la Junta Municipal ya se solicitó un informe exigiendo las copias autenticadas de los libros de las direcciones en donde se recibió la documentación previa a la Reglamentación 2424/2019. Hasta el momento, la Intendencia no ha respondido.
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Dicha reglamentación, con fecha 31 de diciembre de 2019, habría sido falseada por Nenecho para avalar el uso irregular de los bonos, de acuerdo con lo expuesto por el edil.
“Yo estoy seguro de que (los documentos respaldatorios) no existe, por eso no lo remitieron. (...) A la Contraloría le habían respondido que no estaba reglamentado, y por eso la Contraloría le dijo que reglamenten esta ordenanza, y después resulta que año después, cuando salta todo este escándalo, había sido sí existía la reglamentación”, señaló.
El edil Humberto Blasco, por su parte, estuvo de acuerdo con que se tendría que hacer un control más exhaustivo de los plazos que transcurrieron desde la cuestionada resolución.
En este sentido, el concejal Pintos recordó que se debe volver a insistir sobre la derogación de la reglamentación, que ya se remitió a la Intendencia y que no obtuvo respuesta.
“Desde la Comisión de Legislación salió el pedido, y se le dio un plazo de ocho días; ya transcurrieron, pero no recibimos ninguna respuesta. Al haber establecido ese plazo y haberse cumplido, corresponde insistir en el tema y remitirlo directamente al interventor”, explicó Pintos.
Finalmente, los concejales resolvieron que pondrán a conocimiento del interventor la resolución de derogación que ya se remitió a la Intendencia el pasado 28 de mayo.
