18 nov. 2025

¿Qué hacemos con Prieto?

Lo de Ciudad del Este dejó con la boca abierta a la ANR. Su estrategia de sacar de la cancha a Miguel Prieto tuvo un efecto boomerang. Su amplia victoria de rebote —a través de su delfín— lo catapultó de líder regional a desafiante líder nacional.

El llamado lawfare —la utilización de la Justicia con fines políticos— se volvió común durante el cartismo y dio resultado a veces, pero en otras ocasiones funcionó en sentido inverso.

Mario Ferreiro fue obligado a renunciar a la Intendencia de Asunción en el año 2019 por supuestas “evidencias” y “filtraciones” que parecían el guion de una telenovela mal escrita. Fue denunciado por una supuesta “caja paralela” de recaudación ilegal. La acusación fue impulsada por la fiscala Stella Marys Cano, bajo la tutela de Sandra Quiñónez, titular del Ministerio Público. Fue un montaje orquestado por el Partido Colorado y sectores de izquierda. Investigaciones posteriores revelaron pagos a testigos, declaraciones preparadas en la casa de la fiscala y mensajes entre los denunciantes negociando sobornos.

Ferrreiro fue absuelto en diciembre de 2022. Al mes siguiente se confirmó la falta de perjuicio patrimonial y la ausencia de evidencias. La Fiscalía no apeló. Ya no valía la pena, el lawfare había cumplido su objetivo: poner a un colorado en la Intendencia asuncena y enfrentar las cercanas elecciones con el control del aparato municipal. La fiscala Stella Marys solo fue apercibida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y trasladada a algún lugar del interior, donde investiga casos de abigeato. Por cierto, las denuncias de Mario Ferreiro contra los que manipularon la Justicia siguen “cajoneadas”.

Un intento que fue eficiente a medias fue el que envió a la cárcel a Efraín Alegre, candidato liberal a la presidencia, con causas que, convenientemente, se activaban y desactivaban según las cercanías de las elecciones. El caso, iniciado en 2020, por una denuncia del dueño de una gasolinera del Alto Paraná por una factura falsificada, tenía evidentes irregularidades legales, empezando porque la Ley Electoral prohíbe que un candidato presidencial administre los fondos de campaña. Sin embargo, el proceso siguió —con los auspicios de los fiscales de Sandra Quiñónez, comme d’habitude— desviando tiempo y energía de la campaña a la defensa legal. Aunque el cartismo puso en acción todo su equipo de paraperiodismo a fogonear el proceso, no había cómo sostenerlo jurídicamente y sus resultados políticos fueron dudosos. Hace unos días, Alegre fue sobreseído de este absurdo proceso.

Lo de Kattya González también se inscribe en la lógica del lawfare cartista. Su destitución fue una exhibición de patoterismo parlamentario. Perdió su banca en febrero de 2024 por 23 votos en el Senado, por “uso indebido de influencias”. Las causales de su expulsión fueron desmentidas por el Ministerio Público, la Justicia Policial y un Juzgado de Garantías, pero la resolución final depende de la Corte Suprema de Justicia, la que, en una muestra de hipertrófica cobardía institucional, guarda silencio hasta hoy. Mientras, el peso político de Kattya creció enormemente desde que salió del Senado. Primera lección no aprendida por el Quincho.

Lo repitieron toscamente con Prieto, hace unos meses. La intervención solicitada por la Contraloría General de la República sin que exista un pedido de la Junta Municipal —algo insólito— derivó en su inmediata destitución por Diputados. La Justicia no se expidió todavía, pero, luego de lo ocurrido en Ciudad del Este, ¿qué hace la ANR con Prieto?

¿Huir hacia adelante y sacarlo de la carrera? Con jueces tan maleables, es solo una cuestión de costos políticos. Desearían hacerlo, pero necesitan contar con una causa judicial con apariencia de solidez. Además, habría que soportar presión internacional y críticas a la calidad democrática del país. Además, Prieto se convertiría en un mártir que podría hacer elegir a otro Pereira Mujica, esta vez de talla nacional.

Esto se discutirá en el Quincho este fin de semana. Hay dos puntos en el orden del día: 1) Efectos colaterales del lawfare paraguayo, y 2) ¿Qué hacemos con Prieto?

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