Así lo anunció este viernes uno de los integrantes de la Corriente Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, quien indicó que la movilización tendrá como objeto expresar el repudio hacia el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a las autoridades del IPS.
El sindicalista expresó que los miembros del grupo exigen que Armando Rodríguez renuncie al cargo, al igual que los consejeros de la administración del IPS. Además, responsabilizan al mandatario por la debacle del ente previsional.
“Nosotros, desde el gremio, estamos haciendo un sistemático seguimiento a todo lo que es IPS, y esto empeora por la corrupción que cada vez se ventila. También está el viacrucis que pasan los asegurados”, refirió Ojeda.
La convocatoria de la movilización es para el próximo 3 de julio frente a la residencia presidencial, sobre la avenida Mariscal López.
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“Nosotros vamos a exigir a la Fiscalía que investigue lo que pasa en IPS y estamos presentando esta manifestación para que la administración reaccione. Nosotros hemos cuestionado y seguimos cuestionando que el Consejo de Administración no representa a los asegurados”, mencionó en comunicación con Radio 1020 AM.
Con relación a la tercerización de los servicios, Ojeda sostuvo que la previsional cuenta con más de 18.000 funcionarios que pueden cubrir todos los servicios que se necesitan.
“La administración no entiende que nosotros estamos pasando mal porque hacen mal negocio. El IPS hace 15 días no tienen seguridad privada, y no hay una catástrofe, la contratación de seguridad es un mal negocio”, sostuvo el gremialista.
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Finalmente, Ojeda mencionó que desde el CSC insistirán en todos los sectores para lograr que las autoridades del IPS renuncien al cargo y que la Fiscalía inicie una investigación a sus gestiones.
Escándalo en IPS
Esta nueva movilización se da tras el escándalo por supuestas irregularidades en una licitación del IPS, a favor de la firma Security Service Tecnology (SST). Esta situación, incluso, motivó a Armando Rodríguez a poner su cargo a disposición a inicios del mes de junio.
No obstante, la licitación fue cancelada luego de que una investigación periodística revelara las aparentes irregularidades en el proceso para el servicio de seguridad, que supuestamente implicaban al ex diputado José Chamorro y a su hijo Óscar Chamorro.
La empresa, anteriormente, tuvo denuncias en su contra por no pagar a sus empleados o intentar hacerles firmar cheques en blanco.
