La mujer fue detenida el pasado 8 de agosto, y fue puesta a cargo de la jueza de Ejecución Especializada, Sandra Kirchhofer, quien realizó el cómputo final de la pena, que será compurgada el 9 de junio de 2027.
Junto con González Alfonso, había sido también sentenciada su madre, Wenceslaa Lorenza Alfonso de González, a 4 años de cárcel, según la resolución dictada por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Cinthia Lovera, en juicio oral, el 5 de diciembre de 2019.
Según la resolución de la jueza de Ejecución, la mujer tiene derecho a solicitar su libertad condicional a partir del 9 de junio de 2025, y estableció que la mitad de la condena la cumplió el 9 de junio de 2024.
En el caso, tras quedar firme el fallo, el caso llegó en el 2021 al Juzgado de Ejecución. Sin embargo, se levantó el arresto domiciliario que tenía y dispuso la orden de captura recién el 5 de mayo de 2022.
No obstante, pasaron más de 3 años para que finalmente fuera detenida por los agentes de la Comisaría 1ª, de San Lorenzo, que comunicaron la detención al juzgado, y su remisión a la prisión de mujeres del Buen Pastor.
Con ello, se tuvo en cuenta que, a partir del 5 de mayo de 2017, tuvo arresto domiciliario por 9 días, pero luego le dieron medidas alternativas. El 20 de noviembre de 2017 se declaró su rebeldía.
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Luego, tuvo otra vez arresto domicilio desde el 15 de marzo de 2018 hasta el 5 de mayo de 2022, por lo que cumplió en total, en arresto domiciliario, cuatro años, un mes y 20 días. De esta manera, solo se contabilizó el resto de la condena que la cumplirá el 9 de junio de 2027.
La condena
En el caso, Mercedes Geraldine González Alfonso fue sentenciada a 6 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza, a más de ser declarada civilmente responsable por el perjuicio causado.
Según se pudo demostrar en el juicio oral, en el que la entonces fiscala Yolanda Portillo sostuvo la acusación. En el caso, Mercedes Geraldine González estaba registrada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat como SAT (Servicio de Asistencia Técnica) y se valió de ello para celebrar un contrato con los beneficiarios de familias denominadas conjunto habitacional Takuru Puku.
El contrato consistía en la compra del terreno y la construcción de una unidad habitacional, en la cual se debería haber adquirido los 30 terrenos y construidas las viviendas. Se comprobó que las obras inconclusas y que los fondos que estaban destinados para ejecutar el proyecto fueron desviados.
En el proceso también se demostró que Mercedes Geraldine González delegó la totalidad de la tarea en su madre, Wenceslaa Lorenza Alfonso de González, quien no estaba inscripta como SAT, sin contar siquiera con una delegación administrativa. El hecho ocurrió en el 2011 en Hernandarias, Alto Paraná.
