Por el resultado aparente de las conversaciones de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, se confirma que la promesa de un cese del fuego inmediato en el conflicto ruso-ucraniano no será tan fácil.
Aquella promesa de campaña del actual presidente estadounidense, la de lograr un acuerdo en veinticuatro horas se ha desvanecido hace un tiempo ya. Quedó también postergada la capacidad de los Estados Unidos de llevar a la práctica aquello de que la guerra de Ucrania era un asunto europeo y que Estados Unidos debía concentrarse en la verdadera amenaza a su poder hegemónico, el ascenso de China en el este asiático. Pareciera ser que, a pesar de las promesas de aislamiento y concentración en los asuntos domésticos, la administración Trump ha tenido que reconocer su rol como potencia global y articulador de fuerzas a nivel internacional. La diferencia radica en esta ocasión en un mayor apego al unilateralismo, acompañado de una inclinación por recordar a cada paso el enorme poder económico y militar a disposición de la unión americana, así como su disponibilidad de usarlo.
En esa mantención del involucramiento a nivel global y el apego al poder duro, el país del Norte está también cambiando su visión de la seguridad y la cooperación en el Hemisferio Occidental. Desde el principio del mandato de Donald Trump, el tono del discurso referente a América Latina y a Canadá ha sido amenazante y despectivo. Fue Panamá, sin duda, el que tuvo que lidiar con el primer gran contencioso respecto a la presencia de empresas chinas administrando servicios portuarios en el Canal de Panamá. Colombia, por su parte, recibió una fulgurante amenaza arancelaria cuando quiso negarse a recibir a migrantes colombianos deportados esposados.
A estos despliegues, se le han sumado ahora dos elementos que son sumamente llamativos. Por un lado, la carta dirigida a Brasil, exigiendo el cese del juicio a Jair Bolsonaro, y la declaración del Departamento de Estado respecto a que la condena del ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue el resultado de un juicio de tinte político, intentando desacreditar así los argumentos de la jueza. Estas dos movidas han abierto un nuevo capítulo, transmitiendo el mensaje de que, en este nuevo ciclo, la hegemonía americana querrá contar con liderazgos políticos amigos, preferiblemente de derechas, y no tolerará la autonomía, aún si esta se ejerce en el marco de instituciones pluralistas y democráticas. El otro paso importante es la declaración de los grupos del crimen organizado como agentes terroristas, pasibles de ser desmantelados por las fuerzas militares norteamericanas. Creando un argumento muy potente a favor del uso de la fuerza y la violación de la soberanía, considerando el despliegue de recursos militares nuevos bajo la égida del Comando Sur.
Si bien la amenaza a la seguridad que representan los carteles de la droga es una realidad que afecta la vida y el bienestar de los latinoamericanos, no se puede dejar de reconocer que el dispositivo militar actualmente movilizado por el pentágono conlleva riesgos, dado que existe la posibilidad de que sus fines sean distorsionados y manipulados. En pocas palabras, que se usen como mecanismos de presión para contrarrestar políticas exteriores no coincidentes con los designios de Washington.
Esto último forma ciertamente parte de las tensiones con el Brasil. El país vecino se está transformando en un caso emblemático del impacto de la geopolítica global a nivel hemisférico. Uno de los temas que incomoda a EE. UU., no es sólo la suerte del amigo Jair Bolsonaro, sino más bien que Brasil mantenga un esquema multipolar, de no alineamiento, como lo es la asociación de los BRICS. Sobre todo, el dialogo que existe en ese foro respecto al dólar como moneda de intercambio. Este giro en las relaciones lleva a la pregunta que se plantea ahora en Paraguay. De qué manera ello va a afectar su política de alineamiento con el gobierno del republicano, y si podrá equilibrar esa relación, considerando su fuerte vínculo económico y comercial con Brasil.
