Mediante el Decreto 4452, el Poder Ejecutivo aprobó la resolución de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por la cual se evalúa las documentaciones presentadas por los oferentes de la licitación pública y se adjudica la concesión de la explotación del juego la quiniela a la firma Technologies Development Of Paraguay SA.
De esta forma, la explotación de la quiniela será por cinco años más para la empresa vinculada al ex presidente Juan Carlos Wasmosy. La concesión de la quiniela para la firma finalizó en mayo de este año, pero la Conajzar resolvió prorrogar la explotación del juego hasta diciembre de este año.
Los quinieleros denunciaron que tras la confirmarse la prórroga se les disminuyó de 25% a 20% el porcentaje de ganancia y que de realizarse tres sorteos diarios pasaron a ser seis, por lo que manifiestan se trata de una explotación laboral, además de que no se brindan garantías para los trabajadores que se exponen al virus del Covid-19.
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Al respecto, este viernes, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores, Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sitranquiba) realizaron un manifestación para exigir el veto al contrato y aseguraron que la licitación fue amañada.
Varias oenegés también se habían pronunciado en contra de TDP SA, por no cumplir el artículo 19 de la Ley 1016/97, que establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador a los 60 días del sorteo serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas.
Por otra parte, los excombatientes Roberto Villagra Alcaraz y Alejandro Grance Santander, presidente y tesorero de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco respectivamente, presentaron una denuncia contra la concesionaria de la quiniela.
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Según la denuncia, la empresa cuestionada afirmó en una publicación de un diario capitalino que, efectivamente, no cumplió con la normativa y no haber desembolsado los fondos establecidos, alegando la derogación del principio Solve et repete (uno no está obligado a pagar impuestos, cuando lo impugna).
Ante los hechos denunciados, senadores del Frente Guasú presentaron esta semana un pedido de interpelación al presidente de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, ya que, incluso, sostienen que se contestó de manera deficiente los informes solicitados por la Cámara Alta respecto a la licitación.
Firma sostiene que ley está derogada
El directivo de la empresa TDP SA, Jacinto Estigarribia, se había pronunciado ante los cuestionamientos y sostuvo que está derogada la ley que argumenta la denuncia de los representantes de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco. Además, acotó que no afecta a la firma y que el impuesto exigido deben aportar los apostadores ganadores.
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“La empresa se ajustó exclusivamente al cumplimiento de la ley a rajatabla. Ganamos la licitación por un margen muy grande”, afirmó. “Es el interés comercial que viene a atacar a una empresa que viene ganando. En todos estos cinco años, un día no nos hemos atrasado”, precisó.
