Recientemente, los medios de prensa se han hecho eco de la decisión de las autoridades de la República Popular de China, de sancionar al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, así como al señor Francis Fonseca, ministro de Relaciones Exteriores de Belice, por sus vínculos con Taiwán; esta actuación dista con suficiencia de ser un episodio más de los que se presentan a nivel diplomático, por lo cual amerita una reflexión seria y que trasciende las fronteras de la diplomacia.
Pekín argumenta que las referidas medidas están destinadas a proteger su soberanía y seguridad nacional. Ciertamente, China cuenta con todo el derecho de defender sus intereses y de sostener su posición con relación a Taiwán. Pero una cosa es expresar un desacuerdo y, otra muy distinta, imponer sanciones a funcionarios extranjeros a raíz de decisiones soberanas tomadas por sus respectivos países. La soberanía nacional de ninguna manera puede ser un principio válido únicamente para los más poderosos.
En abril publiqué en The Washington Times un artículo titulado “Paraguay, the Quieter Latin American Success Story”, en el que señalaba que nuestro país, tantas veces relegado de las grandes conversaciones internacionales, ofrece una combinación singular de estabilidad macroeconómica, energía disponible, oportunidades de inversión y previsibilidad. A esa reflexión agregaría hoy una condición indispensable: el desarrollo también exige independencia de criterio.
La República del Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán desde 1957. El referido vínculo no impide reconocer la enorme importancia de China para la economía mundial. Negarlo implicaría desconocer la realidad de los mercados, la industria y el comercio. Nuestra diplomacia debe ser capaz de dialogar con todos, buscar oportunidades y, al mismo tiempo, defender las decisiones que corresponden exclusivamente al Estado paraguayo.
Tampoco sería suficiente convertir la amistad con Taiwán en una declaración simbólica. La relación debe producir resultados concretos: más inversiones, acceso a mercados, tecnología, formación profesional y cooperación que beneficie a nuestra gente. La mejor defensa de una alianza internacional es demostrar su utilidad para el desarrollo nacional.
Las sanciones se inscriben, además, en una disputa geopolítica que excede a Paraguay. Sería un error interpretar nuestra posición únicamente desde los intereses de Washington o de Pekín. No somos una pieza secundaria en el tablero de otros: tenemos necesidades, aspiraciones y prioridades propias.
La estabilidad que hemos construido debe servir para atraer capital, industrializar nuestra energía, generar empleos y fortalecer nuestras instituciones. Y nuestra política exterior debe acompañar esa transformación con inteligencia, firmeza y prudencia. Defender la soberanía no exige cerrar puertas ni alimentar hostilidades; exige saber negociar sin aceptar imposiciones.
Los países no son más o menos soberanos según su población, su poder militar o el tamaño de su economía. La igualdad jurídica de los Estados perdería sentido si solo las potencias pudieran ejercer plenamente su libertad diplomática.
Paraguay necesita comerciar con el mundo y construir relaciones con todas las regiones. Lo que no necesita es pedir permiso para decidir con quién mantener relaciones diplomáticas.
El éxito paraguayo que describí meses atrás no dependerá únicamente de cuánto crezca nuestra economía, sino también de nuestra capacidad para hacerlo con dignidad e independencia.