La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) considera que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) a los pedidos de informes del Senado de la Nación, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.
En este contexto, y reafirmando nuestro compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, consideramos necesario expresar nuestra posición sobre los siguientes aspectos:
1. Una preocupación genuina, no comercial. Rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.
2. Una respuesta valorable, pero incompleta. Es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.
3. La cuestión de fondo sigue abierta. La principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.
4. La corrección no debe esperar al sumario. La Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.
5. Un mismo criterio para todos. La solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.
6. El interés de todo el sistema. Si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.
El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su Presidente, su Directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla.
