El caso ueno bank abrió una discusión que va más allá de las operaciones de una entidad financiera, los documentos filtrados y el ruido político de los últimos días. Lo que está en juego también es la capacidad institucional del Banco Central del Paraguay (BCP) para sostener la confianza construida durante más de una década y responder a los cuestionamientos sobre el ejercicio de sus funciones de supervisión.
La discusión no debe anticiparse a las conclusiones de las investigaciones ni dar por comprobadas irregularidades que todavía deben determinarse. Pero tampoco puede limitarse a una disputa sobre quién tiene razón en el enfrentamiento político. Hay una pregunta que permanece: ¿cómo responde una institución cuando sus propios mecanismos de control quedan bajo cuestionamiento?
El BCP construyó una reputación que trascendió los cambios de Gobierno y lo convirtió en una referencia para el funcionamiento de la economía paraguaya. Esa trayectoria no desaparece por una controversia, pero tampoco es una garantía permanente. La credibilidad de una institución depende de su capacidad para sostener sus procedimientos, explicar sus decisiones y corregir las fallas que se identifiquen.
Esto tampoco significa que cada movimiento bancario, cada operación observada o cada sanción deba hacerse pública de manera inmediata e indiscriminada. Una divulgación sin criterios, que no distinga entre una operación habitual, una sospecha y una infracción comprobada, puede alimentar interpretaciones y generar incertidumbre en el mercado. La información debe comunicarse con oportunidad, claridad y de acuerdo con las obligaciones legales de transparencia.
La transparencia, por tanto, no consiste en publicar todo sin distinción, sino en decisiones relevantes que se adopten conforme a reglas, que los procedimientos de supervisión tengan fundamentos verificables y que la ciudadanía pueda conocer aquello que corresponde divulgar. La reserva de determinada información no puede convertirse en una justificación para evitar explicaciones sobre decisiones que afectan la confianza en el sistema financiero.
La institucionalidad tampoco debe confundirse con un blindaje que permita a una autoridad actuar sin rendir cuentas, ya se dijo mucho esto. La autonomía del Banco Central tiene una función: proteger el ejercicio de sus competencias de interferencias indebidas y permitir que las decisiones se adopten con criterios técnicos.
En ese punto aparece el costo de la discrecionalidad. Cuando las decisiones no se explican suficientemente, cuando los criterios aplicados no resultan claros o cuando las respuestas llegan tarde, se abre espacio para las sospechas y la especulación. La confianza no se sostiene únicamente con resultados macroeconómicos; también requiere procedimientos consistentes y capacidad de respuesta ante los cuestionamientos.
Por último, quiero decir que detrás de la sigla BCP hay personas. Lo vimos en el Senado con Miguel Mora, que empezó desde abajo y llegó al Directorio, teniendo que dar la cara y responder. Conozco a muchos funcionarios de carrera de tantas coberturas, gente que no solo conoce el manual, sino que conoce la responsabilidad de estar ahí.
Ese capital humano es la institucionalidad. Y no debería perderse en medio de esta pelea. Al contrario, debería ser el primero en pelear por ella, explicando, dando la cara y mostrando que las reglas siguen vigentes. Hay que decir que un banco central no se defiende con silencio, se defiende con credibilidad.
