La Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia Paraguay, que aglutina a 35 organizaciones de la sociedad civil, convoca para este jueves 20 de octubre, a las 09:00, a una marcha que partirá desde la Plaza de la Democracia hasta el Congreso Nacional, en la ciudad de Asunción.
En ese sentido, señalan que la marcha es en defensa de la patria potestad, la educación y la soberanía educativa en Paraguay.
Las organizaciones alegan una injerencia del Estado en cuestiones íntimas de los ciudadanos y también se oponen a las donaciones, cooperaciones y cualquier tipo de fondos con condiciones del extranjero que impongan conceptos que atenten contra la integridad física, psíquica y espiritual de los niños.
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También defienden una educación basada en las ciencias y verdaderos valores humanos y cristianos contra el adoctrinamiento en ideologías.
Asimismo, explicaron que no se tuvieron en cuenta en el proceso de Transformación Educativa los reclamos y las objeciones de forma y de fondo presentadas a lo largo del proceso y, específicamente, el 12 de setiembre al ministro de Educación, Nicolás Zarate, en el marco del Comité Estratégico.
Las objeciones fueron presentadas por el ingeniero Miguel Ortigoza, representante de padres; el presbítero Narciso Velázquez de la Conferencia Episcopal Paraguay (CEP) y rector de la Universidad Católica; además Esteban Missena, representante de la sociedad civil.
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“En las últimas semanas varios gremios de docentes han sentado una postura crítica a la forma en que se ha llevado adelante la Transformación Educativa por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Comité Estratégico”, expresaron.
De igual manera, exigieron que los documentos surgidos del proceso de Transformación Educativa, bajo ningún sentido, sean tenidos en cuenta por el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec) como base de trabajo, por adolecer de graves vicios de legalidad y legitimidad.
Entre otras cosas, exigen que se reinicie un proceso de reforma educativa respetando las leyes y la Constitución vigente, observando sobre todo el derecho natural de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y valores.
“Que el Conec, previsto en la Ley General de Educación para llevar adelante las reformas del sistema educativo paraguayo, debe trabajar con el MEC y con las comunidades educativas en un nuevo proyecto para mejorar la educación. Si las comunidades educativas no tienen participación en el proceso, el mismo volverá a carecer de legitimidad”, aseguran.
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Sobre el punto, piden que se constituyan las comunidades educativas, integradas por alumnos, docentes, padres, ex alumnos y personal administrativo de cada centro educativo, para darles el protagonismo lógico y legal que tienen para validar cualquier proceso de modificación de la educación en el país.
Finalmente, solicitan que se derogue la ley 6659/20, que aprobó el Convenio con la Unión Europea, ya que, aseguran, somete a cláusulas y condiciones lesivas a la sociedad paraguaya y, en consecuencia, se suspendan inmediatamente los trabajos sobre la modificación del currículo escolar y capacitaciones a docentes que desde el año 2020 se están realizando, en el marco del convenio.
¿Qué dice la Constitución Nacional sobre la educación y la cultura?
La Constitucional Nacional establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad.
Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio.
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Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna.
Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico.
La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el Municipio y en el Estado.
La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar.
Asimismo, se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la nación.
