Integrantes del Comité Estratégico del Proyecto-Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030 enviaron una nota al ministro de Educación, Nicolás Zárate Rojas, quien ocupa la titularidad de dicho Comité, solicitándole la suspensión del proceso por estar viciado de ilegalidad y prácticas irregulares, como las referidas a los mecanismos destinados a diagnósticos sobre la educación en nuestro país.
El documento del proyecto también es cuestionado por organizaciones de la sociedad civil por incluir conceptos ambiguos y de contenido ideológico, los que consideran forman parte de las recetas de “transformación social”, que buscan imponer organismos internacionales que financian estos proyectos en países latinoamericanos, en este caso, la Unión Europea (UE).
Pasar al Conec
La nota remitida esta semana al titular del Ministerio de Educación y Ciencias lleva la firma del Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, rector de la UCA y miembro del comité estratégico por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP); Miguel Ortigoza, representantes de asociaciones de padres, y Esteban Missena, por la sociedad civil.
“Al respecto de las normativas constitucionales y legales citadas precedentemente, proponemos que se derive este proceso al CONEC (Consejo Nacional de Educación y Ciencias), donde igualmente el ministro del MEC es quien lo preside, con el agregado de que es dicha instancia la única legitimada y habilitada por ley (principio de legalidad) a llevar adelante este proceso y los diagnósticos especializados, a los efectos de cumplir con el principio de legalidad de orden constitucional”, señala parte del escrito, en donde aclaran que coinciden respecto a que la educación “es una causa nacional”.
La nota remarca que es el Conec, como órgano consultivo del MEC, “es el ámbito propio y legal desde donde toda política o estrategia vinculada con procesos de transformación educativa debe ser tratada y estudiada”.
En el documento señalan que “no están dadas las condiciones legales para la continuidad de este proceso”, y por tanto sugieren “derivar todo aporte realizado hasta la fecha al Ministerio de Educación y Ciencias”, a fin de que el Conec continúe y lleve adelante el proyecto.
Participación
Los representantes cuestionan también, entre otros puntos, la falta de una participación genuina de varios actores en el proceso para la concreción del proyecto.
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“Nos preocupa el hecho de que dicha participación (el documento habla de 500.000 personas) se limitó únicamente a presentar los informes ya elaborados y que los mismos participantes no hayan tenido la oportunidad de incluir sus puntos de vista desde el inicio, en un proceso estructurado, organizado y sistematizado”, explican.
“Es decir —añaden— no basta exponer un documento, sin que exista un proceso previo de discernimiento y reflexión con los mismos, por lo que no se puede sostener que un documento en el cual han participado personas, sea un instrumento consensuado o consentido”, expone la carta al ministro, al tiempo de señalar la necesidad de apuntar hacia una “educación libre de ideologías”.
Instan, además, a involucrar a los docentes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles en el actual debate y proceso de reflexión.
Los padres
En la nota enviada al ministro, se subraya que la educación de los hijos recae en particular sobre los padres, por lo que se deben propiciar instancias de participación para ellos, incluso en su etapa de diagnóstico inicial, y no solo como un eje donde se contemple su involucramiento o participación posterior.
“Ningún proceso puede ser válido o legítimo si los padres o la familia no han sido involucrados desde el inicio de todo debate y reflexión. El Estado no puede arrogarse derechos que constitucionalmente se hallan garantizados. El Estado, como organizador del sistema educativo, no solo debe garantizar la inserción de los padres en el proceso, sino también una activa participación en la construcción de cualquier instrumento educativo”, remarcan.
Falta de análisis
Igualmente, los representantes consideran que “los órganos que integran el sistema de educación superior no han sido integrados o contemplados como ejes o políticas del sistema de educación, por lo que la visión estratégica podría considerarse parcial o sesgada y eventualmente apartada de una necesidad fundamental, en el marco de la reflexión actual”.
Reclaman, además, la falta de un análisis apropiado del sistema educativo de los últimos 30 años (1992-2022), incluido la Reforma Educativa y su aplicación, y de cuál es la situación actual, “para así poder proyectarnos correctamente hacia el futuro”, indican en la nota.
“No es una posición correcta adherirnos solo a políticas o lineamientos internacionales que nos podrían eventualmente ser impuestos, sin antes analizar nuestra propia realidad”, remarcan al respecto los referentes.
La nota expone diversos artículos de la Constitución Nacional, así como aspectos que no fueron tenidos en cuenta y que son considerados relevantes para un proyecto de transformación educativa integral, el que, remarcan, debe tener a la persona y su dignidad como centro y punto de partida.