Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez formularon una nueva imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex director de Administración y Finanzas, también ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres; su esposa Ruth Da Silva, la secretaria de esta, Camila Ramírez Gómez, y la mamá de esta última, Elvira Gómez Vda. de Ramírez.
Corbeta explicó en Monumental 1080 AM que encontraron una vivienda en Ñemby que está a nombre de la madre de Ramírez Gómez, pero la mujer no tiene “condiciones económicas” para adquirla.
“En prosecución a las investigaciones hemos encontrado otros bienes que fueron invertidos durante el tiempo de investigación; es decir, a partir de su ingreso a la Municipalidad de Asunción”, señaló el fiscal.
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Corbeta detalló que han detectado G. 5.100 millones en inversión de bienes raíces (compra de terreno, construcciones) y amoblamiento de esos lugares, además de vehículos por valor de USD 70.000.
“Hasta este momento, la investigación lleva un monto de G. 5.600 a 5.700 millones en inversión que fueron detectados”, subrayó.
La investigación contra Cáceres surge a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República, en el cual advirtió sobre una ausencia de correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos totales del matrimonio.
“Sus bienes no se correspondían con sus ingresos y rentas”, remarcó el fiscal sobre la línea.
La nueva imputación se dio tras el allanamiento de otra vivienda ubicada en la ciudad de Ñemby, que había sido cedida a la mamá de la asistente de la esposa de Cáceres.
“Sin embargo, posterior a esa cesión, ellos continuaron pagando la propiedad que fue adquirida de una inmobiliaria y también construyeron la vivienda que ahora culminamos de allanar”, manifestó.
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Se trata de una casa de dos plantas y, por sus características, se presume que funcionaba o o se pretendía instalar un consultorio odontológico.
Según Corbeta, detectaron que “la casa fue vaciada” antes del procedimiento.
En el acta de imputación se menciona que la vivienda fue edificada ente los años 2022 y 2023 con “las fuentes ilícitas conseguidas en el periodo de tiempo en el cual se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Asunción”.
La Fiscalía presume que el inmueble fue ocultado intencionalmente a través de una “cesión simulada” a la madre de la secretaria procesada, por la suma G. 115.000.000, con el objetivo de evitar un eventual comiso de bienes.
El matrimonio fue beneficiado como medidas alternativas. No tienen ni prisión ni arresto domiciliario.
