Desde este lunes el Congreso Nacional comenzó a debatir la propuesta de reforma del transporte público que presentó el Poder Ejecutivo.
El presidente Santiago Peña pidió el jueves pasado, día en que planteó el proyecto, “aprobar lo antes posible” esta ley y, al día siguiente, obtuvo una respuesta del titular del Senado, Basilio Bachi Núñez: “En 30 días será sancionada”. Una estampa de este periodo de gobierno: No hay tiempo ni necesidad de tanto debate cuando se tiene mayoría en ambas cámaras.
Son varios los cambios planteados por el Ejecutivo: la renovación de la flota de buses que se traduce en 1.000 nuevos vehículos y una inversión de USD 300 millones; un nuevo modelo de negocio con menos empresas operadoras y ocho corredores viales definidos, y la mejora de la infraestructura vial urbana. El subsidio estatal al pasaje, por lo menos en el corto tiempo, continúa.
El proyecto de ley contempla muchas otras novedades en sus 122 artículos. Por ejemplo, los ómnibus pasarán a ser “bienes afectos al sistema” de transporte y ya no serán propiedad de los operadores. Con esta y otras medidas, se plantea blindar a la ciudadanía de futuros paros del servicio por parte de empresas operadoras. Esta nota lo explica mejor.
Entre tantas nuevas posibilidades y escenarios, lo que más me llamó la atención fue la advertencia de la ministra de Obras, Claudia Centurión: La reforma no será sostenible sin nuevos pasajeros. Esto quiere decir que solo funcionará si miles de personas que hoy eligen moverse en moto o auto deciden volver a andar en colectivo.
“El (precio del) pasaje, para el volumen de pasajeros que se está transportando, no cubre los costos. ¿Qué esperamos a futuro? Que con una nueva oferta, una oferta renovada de buses, con carriles exclusivos, con paradas mejoradas, el que hoy está optando ya sea por la moto,
