08 ago. 2025

Municipalidad “responde” solicitud de acceso a información pública para evitar desacato

La Municipalidad de Asunción respondió una solicitud de acceso a la información pública para evitar desacato, ya que la jueza Liz Carina Caballero había concedido un amparo al abogado Ezequiel Santagada. La respuesta fueron extractos genéricos, sin ningún detalle y orden alguno, exponen.

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Sede de la Municipalidad de Asunción.

Foto: Archivo ÚH.

El abogado Ezequiel Santagada informó que la Municipalidad de Asunción respondió al pedido de acceso a la información pública solicitado. Inicialmente, habían remitido la misma información que se entregó a la Contraloría General de la República, donde faltaban documentos y que, incluso, la entidad de control había advertido.

Posteriormente, con el amparo se solicitó que se entregue toda la información, pero nuevamente la respuesta fueron documentos sin ningún detalle y orden alguno, según una revisión rápida.

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“Este es el verdadero ni ‘mandrake’ puede analizar esto. Subieron más de 100 extractos genéricos de movimientos sin detalle alguno, sin orden alguno. Todas son transferencias entre cuentas, con retiros, depósitos y cheques. Lo único que prueban con esto es que esa plata se movía, entraba y salía, no hay ningún documento que respalde los movimientos, pagos, nada. Una ofensa es esto, nos tratan de idiotas”, expresó un internauta y activista que se puso a analizar los documentos.

A su vez, pidió imputación y que la Fiscalía pida todos esos documentos. “Obviamente, esta intención de engañar, confundir, ocultar, es totalmente sospechosa y podemos hasta predecir la presencia de un hecho punible de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito”, remarcó.

Incluso, ya el Ministerio Público abrió una investigación contra el jefe comunal por un lapidario informe de la Contraloría General de la República con respecto al presunto mal uso de G. 500.000 millones.

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El juez Walter Mendoza también ordenó a la Municipalidad de Asunción a dar respuesta sobre el uso de fondo de los bonos, desde el G1 al G2, solicitado por el concejal Álvaro Grau (PQ).

El edil opositor promovió el amparo tras no recibir las respuestas ni de minutas presentadas en la Junta Municipal, como tampoco por el Portal de Acceso a la Información Pública. La medida judicial intentó ser frenada por representantes del Municipio.

Entre los documentos faltantes se mencionaba la falta de conciliación bancaria alguna y que no hay informe sobre el origen del dinero de todas las cuentas bancarias innominadas asentadas en el balance general correspondiente al año 2023, como tampoco un informe detallado de todos los llamados a licitación.

De igual manera, no se habían presentado detalle de montos referidos en el grupo 340 de Saldo Inicial de Caja, contenido en el documento “Ejecución Presupuestaria-Ingresos Consolidado Administración Municipal Año 2023”, con el desglose por saldo de bonos por la suma G. 569.871.791.183.

“Ah, y se ‘olvidaron’ de adjuntar los biblioratos 1 y 2 que mencionan en el documento subido. Nada, les faltan 580 páginas”, había remarcado en su momento el abogado.

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