En la continuación de la audiencia preliminar relacionada con el Juzgado de Paz de La Encarnación, ante el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, la acusada magistrada de Paz Carmen Analía Cibils prestó indagatoria donde se defendió de los cargos en su contra.
Explicó respecto a los juicios ejecutivos, que ella no podía saber que los abogados presentaban pagarés para demandar en su juzgado y a la vez en otra ciudad.
Indicó que ella asumió como magistrada de Paz en el año 2019. Después, en el 2021 ella misma había pedido una auditoría donde no se detectó ninguna irregularidad.
Afirmó que fue ella la de la idea de hacer un proyecto de ley para que una vez presentados los pagarés en los juzgados, estos sean sellados, de modo que no puedan presentarse en otro juicio.
Incluso, señaló que cuando los ministros de la Corte visitaron los juzgados de Paz, le comentó la idea al Dr. Manuel Ramírez Candia, quien le respondió que era una buena iniciativa, pero que lo mejor era hacer por acordada, que iba a ser más rápido.
Asimismo, explicó que, además, en los juicios ejecutivos, se dio cuenta de que en los pagarés aparecían los domicilios, pero que no podían ser encontrados, por lo que, por resoluciones, empezó a exigir a los abogados que identificaran correctamente los domicilios.
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Afirmó que con eso ayudó a los ujieres para que pudieran hacer su tarea. Citó, como ejemplo, que exigió esto también al abogado Pedro César Irala, quien inició juicios ejecutivos en representación de la propia Corte Suprema de Justicia. Tuvo unas 30 demandas del Máximo Tribunal donde tampoco se identificaban los domicilios y le intimó a que aclarara los domicilios de los deudores.
Descuentos directos y embargos
Además, en su declaración, la jueza Cibils refirió que había que aclarar muy bien. Una cosa eran los descuentos directos, donde las empresas les hacen firmar autorizaciones a los deudores y estos son descontados de sus salarios, sin ninguna intervención judicial.
Después, dijo que estaban los embargos judiciales que sí eran ordenados por los magistrados y que nunca pueden superar el 25% del salario por cada demanda. Aclaró que, según la ley, pueden llegar al 50%, pero nunca en los mismos juicios, y que eso es conocido por todos.
Citó incluso el caso de una tía que era funcionaria pública y que prestó dinero, y le entregó su tarjeta de débito a los acreedores. Remarcó que estos cobraban las cuotas que querían y le devolvían el resto del dinero.
Indicó casos en los que llegaban al Juzgado y le decían que solo cobraban G. 200.000, con lo que luego verificaba y la misma tenía un salario de G. 3.000.000. Dijo que el descuento judicial era del 25% y que el resto eran descuentos directos en los que no tenía responsabilidad.
Culpó a ujieres y oficiales
La acusada Cibils apuntó que ella no podía saber que los ujieres y los oficiales de justicia no notificaban los juicios, ya que en los juzgados de Paz estaban llenos de gente, y que todos los días tenían peritajes de firmas.
Ni el juez ni los abogados ni los actuarios podíamos saber que los ujieres y oficiales de justicia no notificaban. No se puede probar eso, salvo con las declaraciones de los ujieres que buscan la delación premiada, que no existe en el país.
Indicó que era el mundo al revés, ya que los ujieres y oficiales de justicia reconocieron que ellos no notificaron y tienen salidas alternativas, mientras que ellos, que no tenían conocimiento de la situación, iban a ser enjuiciados.
Cibils aseguró que el otro magistrado (Humberto Otazú), con buen tino le había dado el trámite de oposición al pedido, ya que ellos eran los responsables de esta situación.
Expresó también que no existía obligación legal para que los abogados depositaran los pagarés en la Secretaría del Juzgado, como dice la acusación del fiscal.
Descuentos a los deudores
Además, mencionó un caso en donde no había descuento y se notificaba al deudor y ya se iba a realizar el remate, pero el deudor no se presentaba. Remarcó que le extrañó la situación, por lo que ordenó que su actuario se constituyera en la casa y consultara a los vecinos. Al final, supo que hacía años que la persona se mudó a Quyquyhó.
Por otro lado, indicó que venían personas al Juzgado a decirle que ya habían pagado toda la deuda que les demandaban, pero que no tenían ni un documento, ya que los pagos se hacían vía giros. Además, tampoco retiraron los pagarés.
Afirmó que no podía hacer nada, ya que la ley señala que los pagos totales o parciales debían ser documentados y respecto a la deuda en cuestión. Acotó que ninguna persona podía ayudarle porque no estaba en la ley.
Afirmó que no existía agenda suya con las empresas y que no existe ninguna declaración en su contra, salvo la de los ujieres que buscan la figura de la delación premiada que no existía en nuestro país.
