Luego de varias suspensiones, finalmente comenzó la audiencia preliminar para los procesados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación ante el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, en una de las causas relacionadas con la mafia de los pagarés.
Además de la suspendida magistrada Carmen Analía Cibils, en la preliminar participan los abogados Lourdes Aranda, Ángel Cino, José Fuster, Gabriel Ojeda y Gabriela Vespa.
Asimismo, están los actuarios Martina Rivela y Ramón Cuevas y los ujieres Arturo Ayala y Jorge Montiel.
Respecto a la acusada Leticia Núñez, el Juzgado declaró su rebeldía y ordenó su captura, ya que no llegó a tiempo para la audiencia. Su abogada indicó que tuvo inconvenientes con su vehículo y quedó demorada en el tráfico.
En la audiencia, la fiscala Belinda Bobadilla se ratificó en su acusación. Señaló que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer para reconocer las firmas estampadas en los pagarés.
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“Así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia. Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones, y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado”, apuntó la fiscala.
“Sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron efectuadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos, lo cual era conocido y querido tanto por los abogados demandantes, actuarios y la jueza a cargo”, explicó.
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La fiscala refirió que de esta manera se realizaban “cada uno de estos actos procesales con apariencia de estar ajustados a las formas legales; sin embargo, estas actuaciones no reflejaban lo que verdaderamente ocurría”.
No obstante, “pese a las normativas que rigen el proceso para reclamar una deuda líquida y exigible, en el Juzgado de Paz de La Encarnación, en ambas secretarías, se formaban expedientes con actuaciones de la parte actora, así como del juzgado propiamente, bajo una apariencia de cumplimiento de las formas”, aseguró.
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“Se hacía avanzar los procesos con la intención de llegar a los embargos ejecutivos y cobrar por esta vía los montos adeudados, más gastos de justicia y otros conceptos”, apuntó.
“El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones guardaban solo la apariencia de legalidad, pues, en la realidad, lo que sucedía era que los deudores demandados no eran notificados de las actuaciones judiciales y todo el juicio era llevado a espaldas de ellos”, refirió Bobadilla.
“Para el efecto, los ujieres notificadores elaboraban informes de notificaciones y los oficiales, por su parte, informaban sobre la intimación de pago y ejecución de los mandamientos a ellos entregados, sin que las diligencias fueran realizadas”, manifestó la fiscala.
Con ello, se ratificó en su pedido de elevar a juicio oral el caso contra los acusados.
