La abogada Raquel Talavera solicitó al juez de Delitos Económicos que tuviera por no presentada en tiempo y forma el requerimiento conclusivo del Ministerio Público en la nueva causa por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La defensa de la ex magistrada de Paz indica que los fiscales habían imputado a la ex jueza y a otras ocho personas el 18 de mayo de 2026, por los citados hechos punibles.
Alega que el 22 de mayo de este año, el juez Otazú admitió la imputación y tuvo por iniciado el proceso penal, donde fijó para el 19 de julio de 2026, la fecha para que el Ministerio Público presentara su requerimiento conclusivo.
Afirma que esto constituye un plazo judicial de carácter perentorio e improrrogable que venció a las 24 horas del día fijado sin que existiera ningún requerimiento conclusivo de parte de los fiscales.
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Argumenta que si bien el 10 de julio pasado, los fiscales presentaron un escrito donde piden prórroga ordinaria, esta no fue concedida, ya que no existe resolución judicial firme que haya concedido la petición. Es más, está pendiente un recurso de reposición por parte de una de las partes.
Remarca que los fiscales tenían la obligación de presentar su requerimiento el día 19 de julio y no lo hicieron, por lo que venció el plazo.
Ante esto, el magistrado solicitó a la actuaria que elevara un informe antes de resolver el pedido de la defensa.
En caso de que haga lugar al pedido, al no haber acusación, se deberá remitir el expediente a la Fiscalía General para que, dentro de un plazo de 10 días, presente su requerimiento conclusivo en el caso.
Esta es la segunda causa imputada a la ex jueza de Paz Nathalia Garcete. En la primera causa, el próximo 24 de agosto está fijado para el inicio del juicio oral, pero está pendiente un recurso que atacaba la fecha del inicio del juicio oral.
