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Los constantes operativos de destrucción de plantaciones de marihuana por parte de las autoridades antidrogas evidencian las ventajas logísticas que encuentran los grupos criminales en los bosques nativos; además, se advierte que la falta de presencia estatal sostenida vuelve “endémica la producción”.
Para el especialista en seguridad José María Amarilla, la elección de estos territorios por parte de las organizaciones criminales no es casual, sino que responde a una estrategia logística meticulosamente calculada.
“Los bosques nativos funcionan de manera simultánea como una pantalla táctica, un perímetro defensivo natural y un espacio óptimo de producción. Es una cuestión de ventaja territorial y logística: grandes extensiones boscosas, baja presencia humana permanente, accesos difíciles, ocultamiento aéreo y terrestre, y proximidad a corredores hacia Brasil, que es el principal mercado”, detalló.
Asimismo aclaró que en las zonas menos deforestadas los cultivadores han sofisticado sus métodos de camuflaje al punto de disimular las plantas de marihuana entre los liños de sésamo, debido a la notable similitud morfológica de sus hojas.
Recordó, además, que en casos extremos, como el del Parque Nacional Paso Bravo, las estructuras criminales llegaron a instalar bases de producción estables y pistas de aterrizaje clandestinas.
Al ser consultado sobre la efectividad de las incursiones de las fuerzas de seguridad, Amarilla es tajante al diferenciar la destrucción material del control territorial.
El especialista señala que destruir cultivos no equivale a recuperar los bosques y refiere que si bien los operativos de la Senad logran golpear el “capital criminal” mediante el desmantelamiento de campamentos y la quema de plantaciones, el efecto suele ser únicamente transitorio.
“Como después no queda presencia estatal ni vigilancia sostenida, la capacidad de reocupación (por cultivadores de marihuana) es alta y se vuelve una producción endémica”, resaltó Amarilla.
Antecedentes. Según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Departamento de Canindeyú se posiciona como una de las zonas más afectadas, con focos frecuentes en la Reserva del Mbaracayú. El hecho fue ratificado mediante un informe de la Fundación Moisés Bertoni (FMB), que revela que entre 1997 y junio de 2026 se detectaron 4.372 hectáreas de bosque taladas para plantaciones ilegales de marihuana.
La magnitud del problema quedó en evidencia durante el operativo Nueva Alianza 57, desarrollado a fines de agosto de 2026. Fueron doce días de labor de la Senad en los que erradicó 222 hectáreas de cultivos ilícitos en las reservas de Canindeyú y Caaguazú.
Tras el hecho, la Senad comenzó al operativo Restaurar, que consistió en la siembra de semillas de especies nativas en áreas devastadas por el narcotráfico.
El 17 de setiembre de 2026, agentes de la Senad destruyeron al menos cinco hectáreas de marihuana, equivalentes a 15 toneladas de producción en la reserva forestal de Alpasa, en Bella Vista Norte, Amambay.
El 15 de setiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Batallón de Inteligencia Militar (Bimi) hallaron veintitrés caletas que contenían 1.327 paquetes de marihuana, con un peso total aproximado de 40.000 kilogramos, dentro del Parque Nacional Paso Bravo, en el Departamento de Concepción.
El alijo, cuyo valor aproximado de USD 6,5 millones en el mercado brasileño, fue finalmente destruido el pasado viernes.
En los primeros días de setiembre de 2026, fueron anulados más de 20 toneladas de marihuana durante un operativo desplegado en el Parque Nacional Cerro Corá, Departamento de Amambay.
El 20 de agosto de 2026, en la serranía San Luis, en el distrito de San Carlos del Apa, del Departamento de Concepción, fueron incineradas 20 hectáreas de marihuana, ocho campamentos precarios, dos bolsas con semillas de marihuana, con un peso total de 40 kilos.
En febrero de 2026, mediante la Operación Frente Sur II, fueron destruidas más de 14 hectáreas de plantaciones de marihuana, halladas dentro del Parque Nacional de Caazapá y en el área de Reserva del Parque San Rafael del Departamento de Itapúa.
En febrero de 2026 fue detectada una gran plantación de marihuana en plena reserva forestal del Parque Nacional Ñacunday, en el Departamento de Alto Paraná.
Una comitiva fiscal-policial localizó un total de 8 hectáreas separadas en dos campos. Los agentes en principio hallaron 4 hectáreas y tras realizar otra verificación encontraron otras 4 hectáreas a dos kilómetros.
- “Los bosques funcionan como una pantalla táctica, un perímetro defensivo natural y un espacio óptimo de producción”. José Amarilla, especialista en seguridad.
Parques y reservas GOLPEADOS por el crimen
Parque Nacional Paso Bravo. Se encuentra en el Departamento de Concepción y tiene una imponente extensión de 103.018 hectáreas.
La Reserva Parque Nacional San Rafael. Está ubicada entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, mide aproximadamente entre 73.000 y 78.000 hectáreas.
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. Ubicada en Canindeyú, tiene una extensión de unas 65.000 hectáreas.
Reserva Natural Morombí. Localizada entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, mide 24.807 hectáreas.
Reserva Natural Ybytyruzú. Ubicada en el Departamento de Guairá, expone una extensión de 24.000 hectáreas.
Parque Nacional Serranía San Luis. Está ubicado en el Departamento de Concepción, entre los ríos Apa y Aquidabán y posee una extensión de 10.282 hectáreas.
Parque Nacional Cerro Corá. Está situado en el Departamento de Amambay y tiene una dimensión de 12.038 hectáreas.
Reserva Forestal Alpasa. No es una reserva pública estatal, se encuentra en el distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, tiene una extensión de 5.900 hectáreas.
El Parque Nacional Ñacunday. Está en el Departamento de Alto Paraná. Su extensión es de 2.003 hectáreas.
