La Unión de Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) cuestiona el eventual uso del patrimonio inmobiliario de la previsional para cubrir necesidades financieras del fondo de salud y advierte que los recursos provenientes de esos activos tienen un destino previsional.
Gustavo Canatta, presidente del gremio, sostiene que una eventual venta debe beneficiar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y no convertirse en una fuente de financiamiento para otros gastos de la institución.
La posibilidad de que la previsional subaste parte de sus inmuebles improductivos encendió la alarma entre los jubilados de la institución.
La Unión de Jubilados del IPS cuestiona que el patrimonio inmobiliario pueda ser utilizado para “oxigenar” las finanzas institucionales si esto implica desviar recursos que, según su interpretación de la legislación previsional, corresponden al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
El presidente del IPS, Derlis León, confirmó ante radio Monumental, que la previsional analiza activar la subasta pública de inmuebles improductivos. El inventario titulado comprende 776 propiedades, con un valor estimado de unos G. 1,9 billones y una rentabilidad por debajo del 1%.
León señaló que existe un marco legal desde el 2023 que permite la venta de propiedades y que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones ya elaboró la reglamentación para hacer operativo el mecanismo. La administración deberá ahora estudiar esas disposiciones y determinar las condiciones para eventuales subastas.
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Para los jubilados, sin embargo, la discusión central no es solamente cómo vender los inmuebles, sino qué destino tendrán los recursos obtenidos. Gustavo Canatta cuestionó la posibilidad de utilizar esos fondos para atender el déficit del área de salud.
“La recurrente idea de vender las propiedades del Instituto de Previsión Social (IPS) para cubrir el déficit del fondo de salud vuelve a instalarse en el debate público. Aunque la crisis del sistema sanitario es innegable y requiere soluciones urgentes, pretender financiarla mediante la liquidación del patrimonio inmobiliario de la previsional no solo es un contrasentido financiero, sino una abierta violación a la legalidad vigente”, sostuvo.
Canatta fundamenta su posición en el artículo 98 de la Ley N° 1860/92 y sus modificaciones. Según su interpretación, los bienes inmuebles del IPS forman parte de las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y, por tanto, deben estar vinculados a la garantía de las prestaciones previsionales.
“Por ley, estos activos tienen un destino único y exclusivo: garantizar el pago de los haberes de los actuales y futuros jubilados”, afirmó.
El dirigente sostiene además que, en caso de producirse una enajenación o explotación de esos bienes, los recursos deberían retornar al circuito de inversión del fondo previsional. “Los resultados de cualquier enajenación o explotación de dichos inmuebles deben reinyectarse obligatoriamente en inversiones financieras seguras y rentables que capitalicen el fondo de retiro”, señaló.
La advertencia cobra relevancia luego de que León planteara públicamente la subasta como una alternativa para generar recursos y dar “oxígeno” a las finanzas del IPS.
La administración sostiene que el mecanismo estaría dirigido a inmuebles improductivos y que las condiciones deberán definirse a partir de la reglamentación y de las nuevas tasaciones.
Destino de las ganancias de la venta
Canatta considera que una eventual utilización de los recursos provenientes de los inmuebles para cubrir gastos del Fondo de Salud desvirtuaría la finalidad previsional de esos activos.
“Desviar los recursos obtenidos de una eventual venta para cubrir los gastos corrientes o de capital del fondo de salud desnaturaliza la propiedad del IPS y constituye, técnicamente, una malversación de fondos”, sostuvo.
La Unión de Jubilados plantea que el déficit sanitario debe ser abordado mediante mecanismos propios del sistema de salud, mejoras en la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Estado, antes que mediante la utilización del patrimonio destinado a respaldar las jubilaciones.
“El fondo de salud debe sostenerse mediante reformas estructurales, una mejor gestión de la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones del Estado, no desvistiendo a un santo para vestir a otro”, expresó Canatta.
