Junto a su esposo, Juan de Dios Bogarín Grael, y sus ocho hijos, Rosa Cuenca González se dedicó toda su vida a la agricultura. Como pequeños productores, cultivaban soja en cinco hectáreas de una propiedad rural donde construyeron su casa.
En el 2003, Juan de Dios obtuvo un préstamo de una empresa productora de la zona, que, a su vez, trabaja con una agroganadera conocida.
El crédito fue de USD 6.265 (G. 37.214.100 al cambio actual) y la empresa le hizo firmar al hombre tres pagarés en garantía.
Los pagos a la empresa
El trato no era pagar la deuda en dinero, sino en granos que debían entregar a la empresa, ubicada en la ciudad de Abaí.
Rosa cuenta que iban mensualmente a entregar parte de su producción y, cada tanto, le hacían firmar nuevos pagarés como una supuesta refinanciación.
Ella recuerda muy bien que tardaron años en saldar el compromiso y menciona que no siempre recuperaban sus pagarés; incluso, en varias oportunidades, tampoco quedaba constancia clara sobre la cantidad de granos que entregaban.
No recuerda con precisión, pero afirma que, entre 2008 y 2010, el propio administrador de la empresa les comentó que la deuda ya estaba saldada por completo.
Pasaron los años hasta que un día el abogado Vicente Osorio, vinculado a la empresa y a la colonizadora, llegó a la vivienda de la familia con documentos que le pidió firmar a Juan de Dios, pero este se negó.
El hombre era analfabeto, al igual que Rosa. Tiempo después, se inició un juicio ejecutivo contra Juan de Dios, pero en Asunción; es decir, a 250 kilómetros de su residencia.
En el proceso se ejecutaron esos pagarés que, según Rosa, no les habían devuelto. Para entonces, Juan de Dios ya había fallecido.
Le sacaron de su propia casa, denuncia
En febrero del 2018, una comitiva judicial y policial llegó a la casa familiar con un mandamiento de desalojo del entonces juez civil Hugo Becker.
Con ese mandamiento, Rosa y sus hijos fueron desalojados de la casa entre llantos y desesperación. No entendían qué había pasado ni por qué habían perdido su hogar.
Todavía desconcertados, al día siguiente volvieron y se instalaron nuevamente en la casa, pensando que no hacían nada malo.
Casi llegó a tomar veneno por desesperación: “Yo trabajé esa tierra, crie a mis hijos y viví allí con mi marido. Nunca fui una invasora”.
Tiempo después, se enteraron de que la vivienda había sido rematada a través de un juicio ejecutivo.
La mujer y una de sus hijas llegaron hasta la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de Pagarés del Senado, desde donde cuestionaron que se utilice la vía penal “para resolver un conflicto de esa naturaleza”.
Explicaron que tampoco se les puede atribuir a Rosa y a sus hijos el delito de invasión porque no hubo clandestinidad ni violencia.
El juicio oral por “invadir” su casa será el 13 de octubre
Como si no fuera suficiente el pesar que atravesó la familia por el remate de su casa, la agroganadera recurrió a la vía penal y denunció este año a Rosa Cuenca y a sus hijos por supuesta invasión de inmueble, lo que agravó la angustia de la familia.
El fiscal José Núñez la imputó y luego la acusó, por lo que el caso fue elevado a juicio.
Ahora, el próximo 13 de octubre, Rosa y sus hijos deberán presentarse ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Blanca Paiva, Carlos López y Blanca Barúa.
El caso incluso podría llevar a la cárcel a Rosa, de 70 años, y a sus hijos.
“Yo trabajé esa tierra, crie a mis hijos y viví allí con mi marido. Nunca fui una invasora”, lamenta ella, quien casi llegó a tomar veneno en medio de su desesperación.
