Poca gente recuerda la Ley 18/1991. Era una norma breve, de apenas 17 artículos, pero decisiva: Estableció las reglas para la instalación y funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente de 1992 y, sobre todo, fortaleció la voz del interior en la política nacional. Su innovación central fue disponer que, de los 198 convencionales, 51 serían electos en circunscripciones departamentales. Ese diseño alteró la composición y la dinámica interna de la asamblea desde el primer día.
La presencia de representantes de los distintos departamentos y del Chaco permitió la rápida articulación de la llamada “bancada campesina”, integrada por miembros de diversos partidos, pero unidos por un objetivo común: equilibrar el peso de las élites capitalinas y asegurar que el interior tuviera incidencia real en el nuevo pacto constitucional. Su influencia en la aritmética interna fue suficiente para que buena parte de sus demandas prosperara.
De aquella constituyente surgieron dos innovaciones sin precedentes en la historia constitucional paraguaya. Ninguna figuraba en la Carta de 1967 ni en la de 1940. La primera fue la creación de los gobiernos departamentales, con gobernadores y juntas electos por voto popular. La segunda, la conformación de una Cámara de Diputados elegida en circunscripciones departamentales. Ambas buscaban institucionalizar la representación territorial y dar al interior un espacio político propio.
Sin embargo, no todo lo derivado de ese cambio merece aplausos. Persisten críticas severas sobre la relevancia, efectividad y razón de ser de los gobiernos departamentales y de las juntas. También se cuestiona la calidad de algunos diputados, cuya actuación ha restado prestigio a la función legislativa. El caso del diputado Hernán Rivas, electo por Itapúa y luego senador con un título falso, es un ejemplo elocuente de cómo estas estructuras pueden producir distorsiones.
Aun así, en el período previo a las elecciones municipales de 2026, la dirigencia del interior ha elevado su voz en todo lo relativo al control político de los territorios. En ese marco, resulta clave analizar el peso de los gobernadores dentro de la ANR. Hoy constituyen una fracción decisiva del partido. Su influencia es tal que han insistido en que uno de ellos debe integrar la chapa presidencial del partido en 2028. En un partido Estado compuesto por movimientos, camarillas, clanes y dirigencias que se disputan espacios dentro y fuera del cartismo, los gobernadores han logrado posicionarse como un actor ineludible.
En las internas, su peso político ha superado, en ciertos casos, al de ministros, senadores e incluso diputados departamentales. En algunos departamentos se registraron empates en la cantidad de candidatos a intendencias impulsados por cada fracción; en otros, como Alto Paraná, el gobernador terminó imponiendo su ficha para Ciudad del Este. La disputa territorial se ha convertido en un indicador del ascenso político de esta capa dirigencial.
Muchos gobernadores han buscado proyectarse no solo como operadores electorales, sino como gestores eficaces de políticas públicas. Una de las aristas del llamado “peñismo” fue precisamente el respaldo presidencial a la función de los gobernadores, especialmente en el programa Hambre Cero. No todos están convencidos de esa narrativa, sobre todo después del escándalo de Concepción y el célebre cumpleaños de 15, pero es cierto que algunos gobernadores han mostrado capacidad ejecutiva y resultados concretos.
Esa línea –la eficiencia en la ejecución– debería ser el eje de trabajo de los gobernadores si aspiran a seguir ampliando su influencia. Lo contrario ocurre cuando se presentan, como lo hizo el gobernador de Guairá, César Sosa, como simples facilitadores del clientelismo y la captación de votos del partido. Esa postura revela una dirigencia sin sentido de responsabilidad frente a la necesidad de producir resultados en un contexto de recursos limitados, marcado además por la crisis fiscal en curso.
El fortalecimiento político del interior fue una conquista de la constituyente de 1992. Tres décadas después, los gobernadores se han convertido en actores centrales del oficialismo. Su desafío ahora es demostrar que ese poder territorial puede traducirse en gestión pública eficaz y no solo en capacidad de movilización electoral. Solo así podrán sostener su ascenso dentro de la compleja arquitectura del partido Estado.
