La realidad es obstinada. No le importan leyes, ni el ilusionismo del marketing. Se impone por su propio peso. Es como la grasa que rodea la cintura. Uno puede ajustar el cinto, pero el desagradable bulto termina asomando en otro lugar.
Fue lo que le pasó al Gobierno de Santiago Peña. Al no asumir el control de una situación advertida hace tiempo por analistas económicos independientes, reunió el lunes a ex ministros de Hacienda para discutir sobre el delicado estado de las cuentas públicas, las deudas del Estado con las farmacéuticas y vialeras (1.270 millones de dólares), y la (in) sostenibilidad fiscal. Todos los ex ministros dijeron presente, excepto Dionisio Borda.
Los ex colegas le aconsejaron a Peña transparentar las cuentas y que personalmente detalle la verdad al FMI y al Banco Mundial. “Que ya no esconda la basura bajo la alfombra”, graficó Manuel Ferreira. El Gobierno admitió que el tope del déficit fiscal de 1,5% se rompió. Hasta hace poco, Peña descartaba elevar el tope fiscal y aseguraba mecanismos para honrar las deudas. Seguramente, el Gobierno presentará su proyecto para modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero no habrá decisiones correctivas de shock porque el país ya ingresó al túnel del año electoral, con las municipales a la vuelta de la esquina y las internas presidenciales. La campaña oficialista necesita canilla libre.
César Barreto comentó un dato sorprendente. El actual ministro Oscar Lovera reveló en la cumbre el hallazgo de una deuda de USD 280 millones que el Gobierno desconocía. Esto porque hay un doble manejo de las cuentas de los proveedores entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud.
El almacenero del barrio tiene mejores sistemas de control que el Estado.
Pero no hay que caer en la trampa de la ingenuidad. Esto no es desprolijidad ni falla informática. No hay inocencia en estas fórmulas obsoletas, sino una cuidadosa ingeniería del caos que permite, tanto en salud como en otras áreas del Estado, la gran corrupción de las compras públicas. Oscuros intersticios que enriquecen groseramente a las proveedoras del Estado, burócratas que perfilan las licitaciones y sus padrinos políticos.
Como el IPS, administrada exitosamente por la consolidada organización que opera hace décadas y que hoy se ve en toda su dimensión gracias a las revelaciones sin filtro de Ricardo Fretes. Tanta agua fue a la fuente que la Fiscalía se vio obligada a sacar del freezer el caso de los quirófanos fantasmas. Los presidentes del IPS y sus funcionarios de confianza privilegiaron el pago a la empresa sin importar dónde se instalarían los costosos aparatos. Pusieron la carreta delante de los bueyes. Al menos están imputados Vicente Bataglia y Jorge Brítez, ex presidentes de la era Mario Abdo y Peña, como símbolos de la transversalidad de la corrupción, más allá de qué movimiento político administra el poder.
PERAS AL OLMO. Nadie cree en los discursos e intentos de austeridad de los líderes colorados. Son puro show para el posicionamiento político. Como el proyecto de los senadores Gustavo Leite y Antonio Barrios, que plantearon recortar G. 500 mil millones de gastos superfluos y redireccionarlos a Salud.
Solo quienes no conocen la lógica colorada creerían que el oficialismo se cortaría su propia carne.
Se sumó al relato el senador Bachi Núñez. Anunció una ley “antidespilfarro”, o “Ni un peso más”, para blindar el equilibrio de las cuentas públicas. Su iniciativa establece que si el resultado fiscal permanece deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso tendrá un plazo determinado para corregir la situación. Si ello no ocurre, se activará automáticamente un mecanismo similar al “shutdown” de Estados Unidos, aunque adaptado a la realidad nacional. Un cierre del Gobierno “a la paraguaya”.
Difícil creer en la propuesta del presidente del Senado. Cuando anunció el tijerazo y decidió “racionalizar” los gastos en la Cámara, hizo todo lo contrario aumentando los salarios de sus funcionarios, especialmente operadores políticos y clanes familiares. Ahora propone que “los políticos paguen el costo del desequilibrio”.
A este curioso escenario se suma la disputa pública entre el senador Silvio Ovelar y los diputados sobre un crédito de USD 75 millones para construir caminos rurales. “Queremos saber los componentes porque acá nos hablan de que hay 5 millones de dólares de razones en asesoría, etcétera”, justificó el freno del proyecto el diputado Meza revelando el trasfondo la trastienda de la interna cartista. No es el trazado de los caminos, ni las regiones elegidas por el MOPC.
Como corolario, Camilo Pérez, candidato colorado a la Intendencia de Asunción, lanzó oficialmente su campaña con el lema “Asu puede cambiar”. Lo hizo rodeado de los mismos dirigentes que hace cuatro años vitoreaban a Nenecho Rodríguez. Los mismos que hace cuatro años prometieron cambio y orden.
Los mismos que quebraron administrativa y moralmente la Municipalidad de Asunción, vuelven hoy a hacer la misma promesa.
- “Hay una ingeniería del caos que permite en salud y otras áreas la gran corrupción de compras públicas”.
Textual
“Yo no soy nadie para dar lecciones de moral ni para decir quién es bueno y quién es malo. Cada uno sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y luchamos y nos levantamos todos los días. Y si nos caemos diez veces nos vamos a levantar once veces. Yo no voy a ponerme ahora a cuestionar (la gestión de Jorge Britez), no soy de alguna manera de arrepentirme (por haberlo nombrado). Somos personas de carne y hueso sujetas a imperfecciones”. (Santiago Peña, presidente de la República)
Lo que hay que saber
VAN POR EL CHACO. El giro extractivista del Gobierno puso en alerta a organizaciones ambientalistas que reflotarán la campaña que ya una vez frenó el plan de explotación.
EFECTO MBAPPÉ. La senadora liberal Celeste Amarilla agregó su nombre al menú presidencial de cara al 2028. Su disputa nacionalista durante el Mundial le dio alas.
CARTES RIRÉ, CARTES JEY. El actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, aceptó postularse nuevamente para presidir el partido, según anunciaron los diputados de Honor Colorado.
ACUERDO NUCLEAR. EEUU y Paraguay firmaron un acuerdo de cooperación nuclear civil, que abre la vía para incorporar reactores nucleares a la red eléctrica y asegurar el suministro.
