El lunes pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitó a ex ministros de la cartera para compartir sus conclusiones respecto a los orígenes de la abultada deuda con proveedores que apareció sorpresivamente a inicios de año, así como los planes de acción para regularizar los compromisos y para la implementación de procesos y sistemas que mejoren la gestión de las compras del Estado, así como su correcta registración.
Según el ministro, la deuda asciende a USD 1.270 millones (2,6% del PIB del 2025), de los cuales USD 1.050 millones corresponden a proveedores de insumos y medicamentos del Ministerio de Salud, y USD 220 millones a proveedores de Obras Públicas.
La deuda se origina por la ejecución de obras y la recepción de bienes por montos muy superiores al plan de caja habilitada por el MEF. Esto fue posible por la inexistencia de sistemas integrados de control físico-financiero en la recepción de bienes de los contratos de compras plurianuales ni de la ejecución física de los contratos de obras públicas, y ambos ministerios anticiparon la ejecución prevista para años posteriores; el Ministerio de Salud en la recepción de medicamentos, y el MOPC en la ejecución física de obras. Esto no se evidenció en la contabilidad fiscal porque estas entidades tenían sistemas de administración de contratos no conectados al Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAF), y registraban las facturas en el SIAF, según disponían de plan de caja cada mes, que era muy inferior al monto de las facturas recibidas. La diferencia se acumuló hasta que los proveedores no pudieron sostener el creciente endeudamiento por no cobrar las facturas. Este es un procedimiento absolutamente irregular que la Contraloría General de la República debería verificar si se cumplieron los requisitos de legalidad exigidos.
Además, el ministro presentó el plan de acción para subsanar estos graves problemas. Por un lado, mencionó la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes, Servicios y Obras (SIGEBYS), integrado al SIAF para asegurar la correspondencia en línea entre ejecución física y financiera de los contratos, así como su registración en tiempo y forma para asegurar la transparencia en la administración financiera del Estado. Es fundamental que todas las instituciones públicas tengan el sistema en funcionamiento.
Por otro lado, la regularización de las deudas está en marcha. Los compromisos con proveedores de obras están financiados con recursos de deuda, y el MEF ha acelerado los desembolsos. Estiman normalizar los pagos a fin de año. El pago de intereses por los atrasos está sujeto a la aprobación de una ley que está en tratamiento en el Congreso. La regularización de la deuda con proveedores de insumos y medicamentos tiene dos componentes. Una, ya en proceso, está basada en la Cesión de Derechos de Cobro (CDC) a entidades financieras por un total de USD 470 millones que serán autorizados por el MEF en las próximas semanas. La diferencia, de USD 580 millones, será incluida en el presupuesto del 2027 para su cancelación con la emisión de bonos prevista para principios del próximo año. En consecuencia, las finanzas públicas reportarán este año un déficit del 3,2% del PIB, y del 3,9% en el año 2027, muy superior al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya vigencia plena estaba prevista para este año.
Este es el Tercer Plan de Convergencia Fiscal en 5 años y prevé que el déficit fiscal converja al 1,5% del PIB recién en el 2028. Sin embargo, su cumplimiento es altamente desafiante. La proyección de ingresos tributarios, de no mediar ajustes tributarios es optimista; y la contención de gastos corrientes requiere una decisión política muy firme. ¿Se podrá limitar la compra de medicamentos, contener los salarios de médicos y maestros, suspender la incorporación de 5.000 nuevos policías y/o ralentizar la universalización de la pensión para la tercera edad? Todo parece muy difícil en el marco del periodo electoral que recién terminará con las elecciones de abril del 2028. Lo más probable es que la inversión pública siga siendo el rubro sacrificado. Sin embargo, valoramos que el MEF reconozca la realidad e implemente medidas conducentes para evitar otro fiasco con las cuentas fiscales en el futuro. La transparencia fiscal, en sí mismo, es un valor importante.
