13 jul 2026

Llanistas casi a los golpes por las diferencias sobre juicio político a Sandra Quiñónez

En la última reunión del bloque llanista del PLRA se produjeron incidentes en el marco del debate sobre el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La diferencia de posturas llevó casi a los golpes a dos legisladores.

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Reunión. Blas Llano se reunió con sus diputados en su vivienda en Villa Elisa por el juicio.

Foto: Archivo Última Hora.

Los diputados llanistas Enrique Mineur y Mario Capurro llegaron casi a los golpes en medio de la reunión, aparentemente por las diferencias de posturas sobre el juicio político a Sandra Quiñónez.

Al respecto, el legislador liberal Enrique Mineur fue consultado por Última Hora sobre los incidentes y solo atinó a responder que el problema “ya pasó” y que no quería profundizar sobre el tema.

Hasta el momento sigue el misterio respecto a la postura del llanismo sobre el juicio a la fiscala general del Estado, pero hay versiones sobre votos divididos. El sector es clave para definir la aprobación o rechazo del proceso contra la titular del Ministerio Público.

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Por su parte, el líder de la bancada llanista en la Cámara de Diputados, Édgar Ortiz, reconoció a Última Hora que durante la última reunión hubo un “pecheo” entre dos legisladores, pero aseguró que ese problema se resolvió.

“Te comento que yo ya no estaba en ese momento, pero aparentemente oka’u hikuái ha ipohýi (estaban borrachos y pesados). Te aclaro que esto ya fue subsanado. Fue un problema entre Capurro y Mineur”, dijo Ortiz.

Con relación a la postura de su bancada sobre el juicio político a Quiñónez, Ortiz insistió en que “nadie presentó el libelo acusatorio”. El legislador se mostró siempre en contra.

“Ustedes (la prensa) nomás lo que hablan de juicio político. ¿Quién presentó? Estamos hablando del Jasy Jateré, todos dicen que se va a presentar, pero no se hace. No existe el juicio político”, dijo.

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Édgar Ortiz incluso señaló que el oficialismo dice que acompañará el pedido de juicio político, pero tampoco presentarán el documento. “Que presenten y después vamos a hablar”, sostuvo.

Según los representantes de la oposición, la definición del juicio político depende del sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que, generalmente, vota en la misma dirección que el cartismo, grupo político que sostiene a Quiñónez.

Se necesita reunir una mayoría de dos tercios para su aprobación; es decir, deben contar con 53 diputados a favor, si están presentes los 80 legisladores. La oposición y oficialismo suman 46 –hasta el momento–, por lo que es clave la posición del llanismo, sector con ochos parlamentarios.

Libelo acusatorio

El texto del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez gira en torno a nueve puntos. La primera de las acusaciones es por la fallida obra del Metrobús, donde se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices.

En la segunda acusación se habla de una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso del “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, Darío Messer, quien se encuentra con condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato.

La tercera acusación guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado por medios brasileños como socio de Horacio Cartes en el esquema de inundar el mercado del vecino país con cigarrillos fabricados en Paraguay.

La cuarta acusación es sobre la denuncia hecha por el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. La quinta acusación se sustenta en una supuesta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares.

La sexta acusación trae a colación el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, registrado en la madrugada del 1 de abril de 2017, en el interior de la sede del PLRA. El Ministerio Público solo resolvió acusar al suboficial Gustavo Florentín por el homicidio del joven y obvió todas las demás irregularidades y responsables.

La séptima acusación se basa en una supuesta ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. La octava acusación es por una supuesta impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones.

Por último, se señala inacción o negligencia en varios casos de políticos cartistas.

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