02 jun. 2026

Lizarella Valiente compró una casa por G. 860 millones al contado en plena pandemia

La senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) que tiene a su nombre una casa en Lambaré comprada en 2020 por el valor de G. 860 millones. Pero no brinda más detalles sobre la compra. Tampoco figura en la declaración jurada (DDJJ) de su esposo, el intendente cartista Óscar Nenecho Rodríguez.

El matrimonio cartista está domiciliado en la ciudad de Lambaré, del Departamento Central, en una casa que hace constar en su declaración jurada la congresista Lizarella Valiente.

Entre los datos proporcionados por la Contraloría General de la República se detalla que se trata de una vivienda de 336 metros cuadrados comprada en 2020 –en plena pandemia de Covid–, por un valor total de G. 860 millones. De esto separa el monto del terreno, que es G. 280 millones, y de la casa, que es de G. 580 millones.

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Otra información relacionada con el inmueble fue una deuda a la Municipalidad de Lambaré por impuesto inmobiliario de G. 4.407.000, que está fraccionada en cuatro cuotas de G. 1.175.000.

Se asume que la casa se compró al contado debido a que no hace figurar ninguna deuda hipotecaria o de préstamos, de acuerdo con el documento que reveló el programa La Lupa de radio Monumental 1080 AM.

El medio recurrió también a la declaración jurada del esposo de la senadora, con quien está casado por separación de bienes, y tampoco hace constar lo propio.

Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, no menciona absolutamente nada sobre dicho inmueble a la CGR. Solamente se refiere a un negocio en Capiatá y tres vehículos de su propiedad, que algunos todavía paga a cuota.

Lizarella Valiente recién asumió una banca en el Congreso en las elecciones generales de 2023. Anteriormente, figuraba como funcionaria de la Dinac. Actualmente, percibe como senadora una dieta mensual de poco más de G. 32 millones.

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El jefe comunal, que asumió el cargo en diciembre de 2019, se encuentra en el ojo de la tormenta debido al supuesto mal manejo de bonos de G. 500.000 millones que fueron adjudicados a su administración y que es objeto de investigación del Ministerio Público.

La propia Contraloría halló inconsistencia en el uso de dichos recursos durante su gestión.

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