Inicialmente, solo fue designada la fiscala Marlene González y ahora se conformó un equipo junto a los fiscales Jorge Arce y Silvio Corbeta, todos de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta, Soledad Machuca.
Este mismo grupo es el que lleva actualmente la causa en contra del intendente, en el caso conocido como detergentes de oro, en el que tras casi tres años de investigación, sigue sin haber imputación.
La actual investigación es por supuesta lesión de confianza. Esta se inició tras el reporte que emitió la Contraloría General respecto al análisis de la utilización de los bonos G8 y G9.
Según el dictamen del ente contralor, el dinero que era para obras, en realidad, se usó para gastos corrientes que ni siquiera tienen documentos que respalden su uso.
Contraloría explicó que las “inversiones” realizadas por un total del G. 492.000 millones en su mayoría fueron a estos gastos corrientes. Hicieron constar que incluso el análisis de estos fue difícil, ya que la Municipalidad de Asunción no proveyó todos los documentos requeridos, específicamente los de respaldo.
IRREGULARIDADES. En cifras, lo irregular que encontró la Contraloría es que al cierre del 2022 hay una diferencia de G. 20.100 millones entre el saldo contable y el extracto y conciliación bancaria de los bonos G8.
De esos fondos se hicieron operaciones de débito entre el 2022 y el 2023, por G. 499.951 millones, que la Comuna no informó, puesto que solo dijo que no hubo obligación o pago al respecto.
También existiría una diferencia G. 162.000 millones entre el saldo inicial de la caja Recursos de Crédito Interno Bonos G8 y el saldo inicial registrado del 2023.
Figura, además, un elevado interés del bono G9, por G. 195.000 millones, para refinanciar emisiones anteriores.
