Ley garrote
La Conferencia Episcolpa Paraguaya (CEP) cuestionó a través de un comunicado la implicancia económica y la duplicación de controles por la Ley Garrote, por lo que solicitó una evaluación y ajuste de la normativa.
Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la Ley de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), promulgada recientemente por el presidente Santiago Peña, representa un “retroceso preocupante”.
Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el cual “condena profundamente” que el presidente de la República, Santiago Peña, haya promulgado la polémica Ley de Transferencia, Control y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida como ley garrote.
El senador liberal Eduardo Nakayama anunció que la semana próxima presentará un proyecto de ley para elevar las penas de personas que manejen vehículos en estado de ebriedad y causen accidentes de tránsito.
El Financial Times, un medio británico sobre noticias internacionales de negocios y economía, destacó la presión a la que se enfrenta Santiago Peña respecto a la ley de control a oenegés, también conocida como ley garrote, que es respaldada por el hombre que lo llevó a la Presidencia de la República: Horacio Cartes. Inversionistas, diplomáticos y la ONU pidieron al Ejecutivo vetar la normativa, señala el periódico.
El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que Paraguay tiene la mayor estabilidad política entre los países de Latinoamérica, tras presiones internacionales por ataques a la prensa y organizaciones civiles.
Un nuevo caso de presunto nepotismo saltó en la Cámara de Senadores, ya que fueron nombrados el hijo y el nieto del ex intendente fallecido Albino Ferrer, sin concurso ni títulos universitarios, como funcionarios en esa instancia legislativa.
La Cámara de Diputados remitió al presidente de la República, Santiago Peña, la ley de control a las oenegés, que establece un control desproporcionado a las sociedades civiles, además de atentar contra la libertad de expresión y no incluir a clubes deportivos en el control.