A través del decreto 4806, el presidente de la República, Santiago Peña, reglamentó este jueves la ley 7363/2024 “Que establece el control de transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, más conocida como ley garrote.
La reglamentación, que se concreta este jueves, se da luego de casi un año de la promulgación de la ley, por lo que entrará en vigencia desde la fecha.
En su momento, la ley fue cuestionada por su excesivo control a las organizaciones, especialmente las que trabajan con temas relacionados a la corrupción y transparencia de los órganos del Estado. La oposición había denunciado que se trataba de una persecución para acallar a la sociedad civil.
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El proyecto fue sancionado el 9 de octubre del año pasado, pero el Senado demoró más de un mes para remitir a la Presidencia, que de igual manera se tomó su tiempo para la promulgación, que realizó en noviembre, en el marco de las críticas hacia la ley e incluso observaciones de organismos internacionales.
Varios organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), el GAFI, Amnistía Internacional, organizaciones de medios y de periodistas, emitieron alertas sobre esta ley que consideran antidemocrática.
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Por su parte, el presidente Santiago Peña había defendido el proyecto señalando que “desde el punto de vista legal” no encontraron “ninguna razón” para que la ley anti-ONG “signifique un retroceso o cercenar (derechos)”.
También negó estar a favor de la persecución, de la discriminación o de cercenar derechos que están consagrados en la Constitución Nacional.
