El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que fue remitido al Poder Ejecutivo la ley de las oenegés, más conocida como ley garrote, que busca el control dentro del marco de la búsqueda de la transparencia y el entendimiento de la necesidad de generar rendiciones de cuentas para todo lo que afecta a la ciudadanía.
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Sobre la tardanza para remitir el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, señaló que es un proceso burocrático que reúne varias firmas que a la fecha se completó y fue finalmente enviado para su promulgación o no al mandatario. Se trata de un proyecto impulsado desde el cartismo.
⬆️El presidente de Diputados, Raúl Latorre, informó que se envió al Poder Ejecutivo la ley para Regular y fomentar la transparencia en las ONGS
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) October 22, 2024
- Un paso importante para la rendición de cuentas. 💡 #TransparenciaparaTodos. pic.twitter.com/2Gdg7uVCgQ
El presidente Santiago Peña debe decidir sobre un polémico proyecto que deja a su Gobierno expuesto por la presión a nivel nacional y las advertencias de la comunidad internacional.
Se trata de la ley de control a las organizaciones sin fines de lucro que fue sancionada el pasado 9 de octubre y que es cuestionada por sus efectos contra la libertad de asociación.
El mandatario tiene presión de su sector político, encabezado por el legislador Gustavo Leite, que impulsó la normativa. La versión aprobada fue la que el mismo Ejecutivo remitió al Congreso, con sus modificaciones.
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La ley garrote es calificada de persecutoria hacia las disidencias en la sociedad civil, ya que como indican Gafi, la OEA, la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, se utiliza el argumento de la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero para establecer controles desproporcionados a las organizaciones no gubernamentales, y desalentar su participación en la sociedad, su libertad de asociación y estigmatizar el activismo público.
Igualmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la aprobación del proyecto considerado anti-ONG, cuya aplicación podría obstaculizar y restringir el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay.
Peña se encuentra en una encrucijada, ya que la ley no provino de su iniciativa y no es conveniente para su Gobierno, en el marco de su política de relaciones internacionales.
De hecho, el canciller Rubén Ramírez Lezcano no se pronunció hasta ahora sobre la ley, debido a que es candidato a secretario general de la OEA, organización que alertó sobre el peligro del avance de estas normativas en varios países del mundo. La presión crece en estos días límites para la promulgación o veto.
