Amnistía Internacional presentó este lunes un informe mediante el cual advierte que en los últimos años diversos países de América han avanzado en la aprobación de marcos normativos dirigidos a “restringir, controlar y, en algunos casos, desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”.
El documento titulado “Rompiendo el tejido social: el impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, señala que entre 2024 y 2025 países como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador adoptaron o reformaron leyes que, bajo argumentos de transparencia, seguridad nacional o supervisión administrativa, “imponen controles desproporcionados que afectan directamente la capacidad de las OSC para operar, acceder a recursos y defender los derechos humanos”.
Según el análisis, estas normas, conocidas como “leyes anti-ONG”, comparten patrones preocupantes que comprometen el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la privacidad. Además, su implementación ocurre en contextos de “creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas”, lo que amplifica su impacto y profundiza el cierre del espacio cívico en la región .
El informe identifica que la aprobación de estas leyes estuvo acompañada por “discursos oficiales que describieron a las organizaciones como actores sospechosos’, ‘enemigos internos’, ‘antipatrias’ o ‘interferencias extranjeras’”, generando un ambiente de desconfianza social y fomentando la autocensura.
En el caso de Paraguay, la normativa aprobada es la Ley 7.363/2024, conocida como ley garrote, que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro y fue reglamentada el 23 de octubre del año pasado
Asimismo, señala que muchas de estas normativas fueron aprobadas “sin consulta pública ni diálogo técnico o social adecuados” y contienen “definiciones amplias y confusas” que permiten su aplicación discrecional contra organizaciones críticas.
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Entre los principales mecanismos restrictivos, Amnistía Internacional menciona la imposición de registros que funcionan como autorización previa, requisitos administrativos “exorbitantes”, control del financiamiento, riesgos a la privacidad de donantes y beneficiarios, así como sanciones “desproporcionadas” que incluyen multas, suspensión o disolución de organizaciones .
El informe también advierte sobre la “criminalización de integrantes y personas defensoras”, mediante el uso de figuras penales vagas que permiten investigar o procesar a quienes forman parte de organizaciones sociales .
En cuanto a los impactos, las personas defensoras entrevistadas describen un entorno de “miedo, autocensura y retraimiento forzado”, junto con un deterioro en su capacidad de acompañar comunidades y defender derechos. Esta situación ha provocado un “debilitamiento acelerado del tejido social” en la región.
Amnistía Internacional concluye que estas leyes “no cumplen con los estándares internacionales” y constituyen “un ataque frontal a la libertad de asociación”, ya que buscan “controlar indebidamente la sociedad civil, silenciar la crítica y erosionar la rendición de cuentas” .
El informe subraya que proteger el derecho a la libertad de asociación es esencial para sostener sociedades libres y justas, y advierte que sin un entorno seguro para las organizaciones de la sociedad civil “no es posible sostener sociedades libres y justas”.
