La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) expuso su “profunda preocupación” con respecto a la Ley N° 7363/2024, conocida como Ley Garrote, en un comunicado emitido este Miércoles Santo.
Explicó que la Iglesia Católica desarrolla “una vasta y abnegada labor en todos los rincones del país” a través de sus diversas estructuras, como diócesis, parroquias, congregaciones, obras sociales y fundaciones. Si bien la CEP coincide “plenamente” en la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos, expresó su “seria inquietud ante las implicancias, prácticas y económicas” de la también conocida como Ley anti-ONG y su sistema de inscripción en el Sistema de Información, Análisis y Registro Administrativo (Siara).
Alegó que si bien la normativa “puede contemplar excepciones para la Iglesia en su dimensión puramente religiosa, es innegable que muchas de sus estructuras y obras sociales reciben aportes del Estado, y a la vez, intervienen activamente en la ejecución de políticas públicas” en distintas áreas.
También sostuvo que “la inscripción en el Siara, la recopilación y presentación de la documentación requerida y el cumplimiento de reportes periódicos imponen una demanda burocrática y administrativa desproporcionada para la gran mayoría de las organizaciones eclesiales”.
“Muchas de estas entidades, especialmente aquellas en zonas rurales o con escasos recursos, carecen de la infraestructura, personal capacitado y los medios tecnológicos para afrontar dichos requisitos en los plazos establecidos”, agregó.
Asimismo, indicó que para cumplir con la ley se debe recurrir a profesionales, lo que genera costos económicos considerables. “Estos gastos, que a menudo no se ven compensados por los escasos fondos que manejan muchas de estas entidades, implican un desvío directo de recursos que deberían destinarse a la misión caritativa, educativa, sanitaria y social para la cual fueron creadas”, manifestó.
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Conjuntamente, recordó que las entidades eclesiales ya se encuentran sujetas a diversos controles y regulaciones por parte de organismos estatales. “La Ley N.° 7363/2024 añade una capa adicional de exigencias que resulta redundante y onerosa, sin un claro beneficio adicional proporcional”, aseveró.
Igualmente, expresó su preocupación sobre que la misma ley pueda “contravenir derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de asociación”.
En ese sentido, la vocera de la Iglesia Católica en el Paraguay, solicitó “de manera inmediata” una prórroga sustancial del plazo para la inscripción en el Siara para todas las entidades sin fines de lucro por un mínimo de 12 meses adicionales a la fecha prevista.
Además, que se promueva ante el Congreso la evaluación y el ajuste de la normativa.
Por último, que “el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con otras instituciones pertinentes, desarrolle y ofrezca programas de asistencia técnica y capacitación gratuitos dirigidos a las ESFL (especialmente las de menor envergadura) para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente o futura, incluyendo el acceso a herramientas y plataformas digitales”.
