Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), mediante un comunicado, manifestaron su preocupación por el avance de la Ley de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), más conocida como ley garrote o de control a las ONG.
Para la Coordinadora, integrada por 39 redes y organizaciones, la ley promulgadora por el presidente Santiago Peña es un proyecto político totalitario que busca limitar, restringir y acallar las voces disidentes.
Afirmaron que las organizaciones no gubernamentales están comprometidas con la transparencia y el control.
“Los 25 años de trabajo y compromiso de Codehupy dan muestras claras de la apuesta en la construcción y el fortalecimiento del Estado de derecho con políticas públicas fuertes con perspectiva de derechos humanos y de género”, expresaron.
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Igualmente, consideraron que la polémica legislación “representa un retroceso preocupante y no tiene otra intención que la de perseguir y desprestigiar a las organizaciones de la sociedad civil y sus integrantes”.
Alertaron que las acciones de parlamentarios oficialistas “han demostrado claramente que el objetivo es ventilar para matar civilmente a los oenegeros”.
“Varias de las personas que integramos la sociedad civil hemos resistido y sobrevivido a la dictadura stronista y al crimen organizado, varias compañeras y compañeros fueron asesinados y desaparecidos en la lucha por un país libre y democrático”, dice parte de su pronunciamiento.
Por otro lado, dejaron en claro que, pese a las trabas, “no van a lograr paralizarlos para seguir investigando, denunciando y construyendo cultura cívica respetuosa de la democracia y de los derechos humanos”.
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Finalizaron mencionando que las instituciones que forman parte de la Codehupy, reafirman el compromiso de “seguir unidos a los movimientos y organizaciones sociales en la lucha y resistencia por un Estado Social de Derecho”.
Algunos de los integrantes de Codehupy son Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic), la Organización Tierraviva, entre otros.
En esa misma línea, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su comunicado que la decisión de Peña, al promulgar la ley, “va a contramano de un contundente rechazo social y de una amplia condena de la comunidad internacional a su aprobación”.
La ley es cuestionada por su excesivo control a las organizaciones, especialmente las que trabajan con temas relacionados con la corrupción y transparencia de los órganos del Estado.
