Sumado a esto, el hipócrita discurso de legisladores oficialistas de “Dios, Patria y Familia”, que niega la realidad alarmante de la violencia contra la mujer y se opone a juzgados especializados en violencia de género que garantizarán el acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia. El caso Melania es otro ladrillo en la pared.
No hay palabras para definir semejante horror, solo hay dolor, rabia e indignación.
Pero en estos tiempos de conmoción social es cuando más cabeza fría se necesita para analizar una situación que se repite y se seguirá repitiendo hasta tanto no se ataquen los problemas estructurales, en tanto los poderes del Estado eludan su responsabilidad y algunos miembros de la clase política aprovechen para regodearse en propuestas populistas, como la elevación de penas como solución mágica para frenar la delincuencia.
Se ha demostrado a nivel mundial que de nada sirve la acotada mirada punitiva si no se analizan y resuelven los problemas de manera integral. Pretender que la vía penal resolverá los dramas sociales es ingenuo o perverso. La criminalidad tiene causas y efectos que van más allá del Derecho Penal.
El caso de la niña Melania revela con claridad el fracaso institucional.
Melania ya sufrió abuso sexual a los 8 años. Su victimario, Marcelo Giménez, fue a la cárcel y obtuvo la libertad condicional firmada por el juez Osmar Baeza, quien al estampar su firma, no pensó en la niña. Le permitió al abusador vivir a 200 metros de la casa de la víctima y se lavó las manos diciendo que dictó oficios a la Policía. Cumplió con la formalidad, pero no tomó los recaudos para informarse sobre la seguridad de la niña, si cómo sería su vida con esa amenazante presencia.
El proceso para otorgar la libertad condicional tiene requisitos. Uno de ellos es un informe del Ministerio de Justicia. Tanto la psicóloga clínica como la asesoría jurídica emitieron conceptos elogiosos del reo. El juez basó su decisión en este dictamen. Pero el propio viceministro de Justicia levantó sospechas sobre esos informes.
BAJO LA LUPA. “El juez conoce el derecho”. Es el árbitro máximo en estas circunstancias. Por eso es una media verdad cuando dice que no puede “adivinar lo que puede pasar o lo que puede ocurrir posteriormente”. No tomó los recaudos para proteger a la víctima. La Corte Suprema decidió auditar su actuación. Veremos en qué termina el examen.
A esto hay que sumar el rol de los fiscales que desde el primer momento cometieron fallas, como no ordenar la autopsia. El fiscal Carlos Germán Ramírez descartó el examen por recomendación de la médica forense María Cabrera, quien no consideró “necesaria” la acción. Luego de las presiones familiares se realizó el examen que reveló otros elementos claves para la investigación. Una autopsia no solo explica la causa de la muerte sin los mecanismos, la dinámica, las circunstancias, recoge todas las evidencias posibles. No hacerlo compromete la investigación y da paso a la duda razonable para la defensa del acusado.
Otro llamativo error, torpeza, impericia, ocurrió cuando apareció otro sospechoso, menor de edad, quien fue convocado para una inspección médica porque supuestamente tiene arañazos en el cuerpo. Se negó y lo dejaron ir. Horas después ordenaron su detención, pero ya había desaparecido. ¿Por qué los fiscales, cuando el joven se opuso, no solicitaron inmediatamente al juez la aprehensión? Tenían todos los recaudos legales para hacerlo. Le dieron tiempo para fugarse. Finalmente, se entregó el viernes.
Además de las leyes, hay un programa denominado “Ruta de intervención interinstitucional para la atención integral del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes”. Toda una gama de instituciones con sus responsabilidades específicas que deben activarse según las circunstancias y que el juez que atiende este tipo de casos no puede desconocer.
Otro elemento que juega a favor de esta cadena de errores fatales es el espectro económico social de Melania. Su madre, con 4 hijos, padre ausente, salía todas las mañanas a trabajar y la niña quedaba, junto a sus hermanitos, a cargo de la abuela. Una cruda estampa de la pobreza. En Paraguay, las madres jefas de hogar representan el 35%. Se sabe, el pobre no está en la escala de prioridades del sistema judicial.
El sistema falló dicen. Como si fuera una entelequia. El sistema son las instituciones y las personas a cargo de ellas, con nombres y apellidos. Es el fiscal, el juez, el ministro, el funcionario, el policía. En estos días arreciarán los enfoques de la “mano dura”, utilizando el dolor colectivo para justificar políticas regresivas que no resolverán la problemática estructural. Un discurso que favorece a quienes hoy están frente a las instituciones y se sumarán a levantar el humo de la distracción.
No hay que caer en esa trampa.
