A escasos días para que culmine el año 2025 quedan aún muchas cuestiones por resolver. Temas muy sensibles como el pago de la deuda del Tesoro con las empresas proveedoras del Estado, la definición del ajuste de las tarifas de la ANDE, la presentación de la reforma de la Caja Fiscal y la puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Uno de los temas que más se debatió en la última semana fue el atraso del Tesoro en los pagos a los proveedores, especialmente a las empresas vialeras por ser las que reclaman el mayor monto. También estaban pendientes de pago a las empresas involucradas en el programa Hambre Cero y las industrias famacéuticas, que reclaman montos millonarios en dólares.
En los recientes debates, reconocidos analistas explicaron que el Estado esta reteniendo el pago de los compromisos a los proveedores con el objetivo de no superar el tope del déficit fiscal, establecido en 1,9% del producto interno bruto (PIB).
Otra situación que también mencionan los analistas es que el Estado asumió compromisos a ser pagados con fondos transitorios, que al parecer, no ingresaron en los montos esperados y, por lo tanto, se ven obligados a posponer los pagos.
Para el año que viene el tope del déficit fiscal baja al 1,5% del PIB y eso hará que el Tesoro tenga menor margen para recurrir a créditos externos para financiar sus programas y proyectos. Esto obligará al fisco a restringir sus gastos o recurrir a otras figuras legales como la alianza pública-privada para impulsar nuevos proyectos de inversión. Algunos consultores estiman que al menos en los próximos años, el fisco estará muy limitado para realizar gastos, por lo que las empresas privadas también tendrán que extremar esfuerzos financieros por ese tiempo.
Solamente en el caso de que las recaudaciones tributarias mejoren significativamente se podría contar con mayores recursos, pero hay que tener en cuenta también que las recaudaciones de la DNIT están llegando a su techo y solo se puede esperar un crecimiento moderado en los próximos años.
Para el año entrante también se anuncia la aplicación de nuevas tarifas por parte de la ANDE. Si bien la decisión de ajustar el costo de la energía eléctrica prácticamente es impostergable, solo falta definir los porcentajes y la fecha para su entrada en vigencia. Los ajustes de la tarifa de electricidad puede generar mayores costos para ciertos sectores productivos y para los hogares, aunque las autoridades de la ANDE prometieron afectar lo menos posible a las franjas sociales.
La semana pasada el Ejecutivo dio a conocer el decreto por el cual se designa a la primera superintendente de Jubilaciones y Pensiones. La responsabilidad recayó sobre una funcionaria del Banco Central del Paraguay, con reconocido perfil profesional. De acuerdo con la decisión del Ejecutivo, la nueva superintendenta iniciará sus gestiones desde principios del año entrante.
Desde hace años que se viene hablando de la necesidad de un ente regulador de las cajas de jubilaciones, que hasta hoy son administradas por sus autoridades, pero sin que exista una estamento público que tenga autoridad para hacer un control más riguroso sobre la administración de los fondos jubilatorios.
Se espera que con el funcionamiento de la nueva oficina se pueda ver una mejora en las administración de los fondos, se transparenten los ingresos y los egresos de las distintas cajas.
El objetivo básico de la Superintendencia de Jubilaciones es velar por el correcto manejo de los fondos, de tal suerte a garantizar una jubilación digna para todos los aportantes.
Al actual Gobierno le quedan un poco más de dos años de gestión, tiempo en que se espera ver mejoras en el manejo de los fondos públicos, que se genere una mayor confianza hacia la ciudadanía, expectante de alcanzar los beneficios que prometió el actual presidente.
