“Yo tuve una reunión previa con la señora Analía Cibils (jueza), donde se estableció la forma de trabajo y el monto. Yo debía de entregar la suma de G. 25.000.000 semanales, lo cual le entregaba en efectivo los días viernes en su oficina… Si no llegaba, debía de pagar y lo hacía con retroactivo en la siguiente semana”.
La frase es parte de la declaración del ujier Arturo Ayala, quien detalló el funcionamiento de la mafia de los pagarés ante la Fiscalía. Él, al igual que otros ujieres acusados, coincidieron en las confesiones. Los funcionarios judiciales, tan culpables como sus jefes jueces en esta estafa masiva, se quedaban con el 30% de los cobros. De hecho, la ostentación escandalosa de sus privilegiadas vidas exhibidas en las redes sociales fue la punta del ovillo para destapar esta olla fétida de la usura.
Luego de escuchar las desgarradoras historias de las víctimas, la mayoría jubilados, docentes, policías, funcionarios de salud, cuyos magros salarios terminaban en las arcas de este despojo “legal”, la Fiscalía acusó y pidió juicio oral contra 61 personas, entre ellas, jueces, ujieres, actuarios, oficiales de Justicia y abogados de empresas de cobranza. Este esquema fraudulento mediante embargos salariales, sin la debida notificación de los juicios ejecutivos, fueron tramita dos en cuatro juzgados de Paz de Asunción.
La Justicia, la que debe proteger a los ciudadanos, cuidar sus bienes y castigar a los delincuentes, implicada en la ignominiosa trama delictiva.
La Coordinadora de Víctimas estima que unas 17 mil personas habrían sido perjudicadas por este fraude de los embargos. Incluso hay una lista de 15 personas que se habrían quitado la vida por las agobiantes deudas y el laberinto de los procesos judiciales, una verdadera trampa en cuya ecuación no caben los pobres.
Los detalles del funcionamiento de este esquema perverso son escabrosos. La jueza Cibils es la viva representación de esta deshonra. Era detallista y desconfiada. Nada dejaba libre al azar. En la confesión, los ujieres relataron que llevaba un sistema de control de la cantidad de notificaciones que se entregaban y pagos hechos. “Ella tenía una agenda con la empresa NEXO, debido a que los mismos pagaban en efectivo”. Tenía el control absoluto de lo que pasaba en su reinado porque “tenía instalado un sistema de circuito cerrado con cámaras que contaban con micrófonos en todas las dependencias del Juzgado”.
BLINDAJE. Es imposible que este sistema perverso hubiese funcionado por tanto tiempo sin el padrinazgo jurídico/político. Cuando se observan los tentáculos aparecen ex ministros de Corte Suprema, altos funcionarios del actual gobierno y abogados vinculados a la nueva cúpula política de Derecho UNA. Por recordar un caso: El ujier notificador Alfredo Benítez era director Anticorrupción de Dinacopa, cuya directora, Nidia Rosa López, fue procesada por los detergentes de oro. Hace días, la operadora de Nenecho reconoció los hechos y devolverá G. 200 millones a la Comuna de Asunción, un acuerdo que vaticina impunidad. Es una red de personajes sin escrúpulos que se asocian para robar no importa en qué institución del Estado estén. Los une el trabajo partidario y la cercanía a los caciques, cuya lealtad se mide en billetes.
La mafia de los pagarés sitúa nuevamente a la Justicia en el podio de la corrupción. A pesar de las competencias acotadas de los Juzgados de Paz, que pueden entender en los juicios cuyo monto o cuantía no supere los 300 jornales (unos 33 millones guaraníes), las cifras que se manejan con estos casos son astronómicos. Es la punta del iceberg para entender los montos de la corrupción en instancias superiores. Quedó para la historia de la infamia judicial aquel contrato entre el hijo del entonces ministro de Corte, Antonio Fretes, y Kassem Hijazi. El supuesto pago de USD 368.000 era para evitar la extradición. La leyenda cuenta que se vio obligado a devolver porque no se pudo frenar la entrega a EEUU.
MAFIA LEGAL. Hace mucho tiempo que la palabra mafia dejó de referirse solamente a la organización criminal y secreta de origen siciliano, retratada de manera magistral en la saga El Padrino. La Real Academia Española agrega en sus acepciones a un “grupo organizado que defiende sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Esta última queda corta para definir la “mafia de los pagarés”.
Mientras se tramitan las soluciones vía leyes y sanciones, la Justicia no debe tener contemplación. Los implicados no pueden alegar ignorancia. Su herramienta de trabajo es la ley. Sabían perfectamente lo que hacían y sus consecuencias. La Fiscalía no puede dejar impune a los cuatro ujieres porque colaboraron a desnudar la organización criminal ni a los dueños de las empresas de cobranzas. Ni contentarse con devoluciones de dinero.
La Justicia, por su propia supervivencia, necesita un drenaje purulento enviando a la cárcel a los responsables. Eso no se logra con impunidad.
Porque ahora se sabe.
La mafia paga los viernes.
