En marzo de 2023, mientras nuestro canciller Julio Arriola leía su discurso en Asunción, el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Mauro Vieira, lo miraba con cara de aburrimiento. Es que él ya conocía desde el día antes lo que el paraguayo iba a decir. Los brasileños sabían con anticipación lo que plantearía el Paraguay con respecto a la tarifa de Itaipú y a la venta del excedente de energía.
Aquí nadie tenía idea que la Cancillería estaba siendo infiltrada. La prueba está en el caluroso agradecimiento a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) que, tres meses después, publicaba Esteban Aquino, ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIN). Apreciaba “la cooperación constante de la ABIN en el manejo de la información”.
En realidad –se supo recién ahora– la ABIN nos espió desde mediados de 2022 hasta fines de marzo del año siguiente. La operación ocurrió mientras ambos gobiernos cerraban un nuevo acuerdo sobre Itaipú. UOL, el mayor portal de habla portuguesa del mundo, reveló recientemente que los dispositivos de una treintena de autoridades nacionales fueron hackeados. Entre ellas, figuraban el presidente de la República, miembros del Congreso, del cuerpo diplomático y funcionarios de la ANDE. Eran los tiempos en los que Bolsonaro abrazaba sonriente a su amigo Mario Abdo.
Paralelamente, hace unos días, la Policía brasileña entregó al Supremo Tribunal Federal, los resultados de una investigación que duró dos años sobre cómo el bolsonarismo usó al Estado a favor de intereses políticos y personales. El caso es conocido como “ABIN Paralela”, un esquema de espionaje ilegal gestionado por el ex presidente y su hijo Carlos, principal operador digital del grupo. La información obtenida ilícitamente alimentaba el llamado “Gabinete del odio”, dedicado a atacar y difamar a voces críticas al Gobierno.
La trama de vigilancia subrepticia se sostenía en un software israelí comprado clandestinamente por la ABIN que permitía husmear teléfonos celulares y computadoras. Fueron realizadas más de 60.000 intercepciones encubiertas. Resulta lógico suponer que la misma estructura fue utilizada para conocer la estrategia paraguaya durante las negociaciones de Itaipú.
Por eso, cuando salieron a la luz estas revelaciones, era natural que el Paraguay se mostrara enojado. Santiago Peña sabe que los sucesivos gobiernos colorados arrastran críticas por su sumisión a los intereses brasileños, sea por debilidad política o por corrupción de nuestros mediadores. Era necesario mostrar indignación. El embajador paraguayo en Brasilia, Juan Ángel Delgadillo, fue llamado a consultas y hace casi tres meses que no vuelve a su sede. Además, se suspendieron las conversaciones sobre la revisión del Anexo C.
El problema es que la tensión se está haciendo demasiado larga y deja incómodas a ambas partes. Brasil ya admitió oficialmente que el espionaje a las autoridades paraguayas existió y le tira el fardo al gobierno de Bolsonaro. Solo que se dieron a conocer documentos producidos entre marzo y abril de 2023 y Lula asumió en los primeros días de enero. ¿A Itamaraty le está costando elaborar un relato que explique el espionaje? Los paraguayos están empezando a desconfiar que el motivo de la tardanza es otro.
Hay expertos nacionales que advierten que la suspensión de la revisión del Anexo C beneficia al Brasil, pues posterga temas relevantes para el Paraguay como el incremento de royalties, utilidades, y compensación por cesión de energía.
Las estructuras de inteligencia de todos los países espían a aquellos con los que tienen relaciones. En tiempos de paz no hay reglas específicas que delimiten la práctica que, además, se supone, son secretas. Lo argel es que se pille. Algo así, solo lo resuelve la diplomacia, pues Brasil seguirá siendo nuestro vecino y socio comercial. A esta altura, ya dimos muestras de dignidad, pero nos impacienta el silencio de Brasil.
