Es evidente el creciente distanciamiento entre Horacio Cartes, la bancada cartista del Parlamento y el presidente Santiago Peña. Las posturas de senadores prominentes, como Gustavo Leite, no son hechos aislados, sino intentos deliberados de deslindarse de los costos políticos del desgaste y los errores de la gestión actual. Esto se observa, en particular, ante la repentina crisis fiscal; los reiterados reclamos de gremios de médicos y docentes; y el desordenado intento de reformar el pilar contributivo de la protección social, incluidos la Caja Fiscal y el Instituto de Previsión Social (IPS).
A esta ruptura se le ha sumado un matiz más delicado aún, con el pedido de informes al Banco Central sobre la situación del banco ueno, impulsado por el presidente del Senado y el líder de la bancada cartista. La existencia de vasos comunicantes entre el Grupo Vázquez de ueno y el presidente de la República dota a esta solicitud de una carga política significativa. El trasfondo es el vertiginoso crecimiento de dicha entidad financiera, apalancado por depósitos masivos de las cajas de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y de diversos órganos del Estado. El cartismo, al tomar distancia, no solo critica la gestión pública, sino que denuncia una convergencia de intereses particulares y estatales que podría poner en riesgo los fondos previsionales.
Todo esto en un contexto de “policrisis”, como lo define Alberto Acosta Garbarino: La convergencia del fin de la abundancia de energía hidroeléctrica, el agotamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado y la incertidumbre sobre la renegociación del Anexo C de Itaipú, entre otros. Estos factores, sumados a la tensión política, cobran aun más relevancia ante las elecciones municipales del 4 de octubre y la interrogante sobre un posible voto castigo. Hecho poco plausible si tomamos en cuenta que el electorado colorado ha mostrado históricamente una notable resiliencia ante las crisis de cúpula. Sin embargo, uno nunca sabe, los momentos de inflexión pueden ser inesperados y la acumulación de problemas puede tener un impacto tangible en las urnas, sobre todo en Capital.
Uno de los fenómenos que es interesante observar en la actual crisis es como el descontento impacta en el entorno más íntimo de Cartes. Se puede ver ahí una suerte de reducción del número de interlocutores. El vicepresidente Pedro Alliana, por ejemplo, ha optado por mantener una postura institucional, apoyando al mandatario con una autonomía de criterio inusual para el esquema actual. Peña, por su parte, ha mantenido una agenda imperturbable, asegurando que el Grupo Vázquez brindará las respuestas necesarias y que se está reaccionando debidamente en los diferentes frentes. Una seguridad personal asombrosa ante los riesgos que corre, pues sabemos que la resolución de este episodio será determinante para el futuro del Ejecutivo.
La estabilidad del banco ueno es un asunto sensible; crisis de fondos de pensiones han sido, históricamente, detonantes de colapsos gubernamentales en diversas latitudes. Además, este conflicto revela animosidades profundas entre distintas facciones del capital financiero, un sector con un poder estructural inmenso en el país, donde Cartes y Peña parecen ocupar territorios opuestos.
El principal problema de Peña sigue siendo la carencia de un capital político propio. No existe un “peñismo” estructurado y sólido capaz de sostenerlo ante un quiebre profundo con el cartismo. El ex presidente Cartes sigue controlando la bancada colorada en el Parlamento, un bastión de poder decisivo en nuestro sistema presidencialista con un legislativo fuerte. Si dicha bancada decidiera retirar su apoyo, la gestión de Peña correría el riesgo de transformarse en la de un “pato cojo” durante los dos años y medio que restan de mandato. La solidez de este Gobierno depende, más que nunca, de un equilibrio precario que parece estar llegando a su límite.
