Hugo Duarte y Víctor Raúl Benítez G.
El presidente Peña y el vicepresidente Alliana son dos figuras artificiales dentro de la política paraguaya en general y colorada, en particular, que fueron impuestas por el poder real que reside en Cartes. De eso nadie tiene dudas. Hoy el segundo se queja de que quieren aplicarle una imposición de la cual ellos se beneficiaron en el seno partidario, desplazando a líderes naturales de la ANR. Ninguno de los dos que ejerce el Poder Ejecutivo tenía ningún peso específico propio. A los empresarios y políticos que los alquilaron, su propia creación, se les fueron de las manos. El primero, aliado a su ex ministro de Economía y otros especialistas en finanzas del sector privado representa hoy ni más ni menos a una nueva oligarquía de Chicago Boys que –en parte a espaldas de los empresarios y políticos que los llevaron al poder y al acceso a recursos previsionales y del Tesoro Nacional–, probablemente, solo quieren reproducir el viejo modelo de capturar el Estado para el lucro privado. En cuanto a la gestión pública en específico, los Chicago Boys se mostraron un desastre, llevaron al país a una de sus peores crisis en las cuentas fiscales, con un déficit ficticio del dos por ciento del PIB que tuvieron que reconocerlo al doble delante del FMI y de la ciudadanía. Con una deuda pública creciente, fracasaron en la reforma de la Caja Fiscal, se creyeron la suba de las recaudaciones del 2024, efecto Milei, y entraron en el populismo del Hambre Cero y adultos mayores y, finalmente, destruyeron la estabilidad cambiaria y monetaria, en materia de alimentos, en especial con la carne que subió más del cincuenta por ciento desde el 2023. El peor Gobierno en materia de manejo de las cuentas públicas y de la economía popular, de lejos, por parte de los economistas. El problema actual, real o exagerado, con el mentor y financiador original HC, es solo la manifestación de una metamorfosis: Del uniforme militar y los barones de Itaipú, a los caudillos prebendarios e industriales de frontera, ganaderos y sojeros y de estos hacia los banqueros digitales en función de gobierno, supuestamente fondeados con recursos del IPS y derivados de las compras públicas. Por tanto, la ciudadanía no debe esperar absolutamente nada de lo que sale en las noticias sobre las peleas entre Cartes, Leite, Bachi, Baruja, etcétera, con Peña, Alliana, Cesarito y Latorre. Estas confrontaciones no tienen nada que ver con el hambre de la gente y la heladera vacía, con las 350 mil familias que no pueden pagar su ANDE, con la plata que no alcanza, con la falta de medicamentos y con todos los quebrantos de la gente de a pie. ¡Les chupa un huevo! Para entender el porqué el Estado paraguayo funciona como funciona, resulta indispensable acudir a dos teóricos fundamentales: El sociólogo británico Michael Mann y el historiador estadounidense Charles Tilly. Mann revolucionó el análisis político al señalar que el poder no solo se ejerce de forma despótica (la fuerza bruta y la represión directa), sino de forma infraestructural; la capacidad real del Estado para penetrar la sociedad, organizar sus redes y hacer cumplir decisiones a lo largo del territorio. Cuando una élite corrupta “captura” esas redes estatales, logra que los recursos públicos fluyan de manera “natural” hacia sus bolsillos.
Tilly, por su parte, desnudó la génesis estatal al definir al Estado como un “negocio de protección”. Quienes ostentan el monopolio de la violencia crean una amenaza real o percibida y luego le cobran a la sociedad por protegerla de ese peligro.
El Gobierno de Peña representa el hito más reciente en la refinación de este modelo. Bajo la lente de Mann, la administración de Peña muestra cómo el poder infraestructural del capital financiero semiformal ha tomado directamente el timón del Estado. Mientras, falacias narrativas, como los proyectos del Hambre Cero centralizan recursos claves en el Ejecutivo y canalizan millonarios fondos a través del sistema financiero y clientes políticos, convirtiendo una política social en una oportunidad de negocios.
Desde la perspectiva de Tilly, Peña ha reformulado el “negocio de protección”. El Estado ya no ofrece salvaguardia contra el comunismo, sino que vende a los inversores internacionales y a las élites locales “seguridad jurídica” y la promesa de un clima de negocios inalterable a costa de la desregulación ambiental, probablemente financiera para unos pocos, y la contención de los reclamos sociales, con deuda creciente y déficit fiscal en bancarrota, que terminarán pagando los mismos empresarios que apoyan ingenuamente el modelo. Se viene una suba de impuestos.
La historia paraguaya es el relato de una élite sumamente hábil para cambiar de piel: De la propiedad de la tierra al uniforme, del uniforme al partido, y del partido al capital financiero corrupto. El verdadero desafío del siglo XXI es determinar si la ciudadanía será capaz de construir un poder alternativo: Uno que penetre la sociedad no para extraer sus recursos, sino para garantizar de una vez por todas sus derechos fundamentales. ¡Saludos cordiales!
