La uruguaya Gianina García Troche, con prisión preventiva en nuestro país desde mayo de este año, recusó a la jueza que atiende su causa, alegando que existe una enemistad, odio o resentimiento y parcialidad manifiesta, a raíz de las últimas resoluciones que tanto la imputada como sus abogados las toman como “arbitrarias, de carácter represivo, infundado y contrario a la ley”.
Las decisiones de la jueza Rosarito Montanía afectarían “directamente el derecho a la defensa, la salud y la integridad” de García, indicaron sus abogados.
Primero hablaron de una negativa “ilegal” a permitir que Gianina reciba atención médica por especialistas independientes, pese a un cuadro crítico de salud. En segundo lugar, mencionaron la medida disciplinaria, que consistía en la prohibición de visitas por cinco días, como un “acto de represalia directa”, y, por último, la imposición de reparar los daños al penal, intimando a los abogados para reponer cámaras de seguridad dañadas por la mujer.
Ver más: Gianina García Troche es sancionada por mal comportamiento en la cárcel de Viñas Cué
También, la defensa de la ex pareja de Marset dijo que se reserva el derecho de iniciar una acción por abuso de autoridad, de denunciar a la jueza Rosarito Montanía ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ante los organismos internacionales por “violación de derechos humanos”.
Destrucción de cámaras para pedir inspección médica
La semana pasada, García Troche fue trasladada con urgencia hasta el Hospital Militar de Asunción por un cuadro de crisis emocional, ya que padecía de convulsiones. Antes había protagonizado una escena en la que había destruido con una escoba las cámaras de seguridad del lugar de su reclusión y luego habría amenazado con quitarse la vida frente al personal militar si es que no era inspeccionada por un médico.
Es a raíz de esa destrucción que la jueza decidió sancionarla.
Ver también: Abogado de Marset llega a Paraguay para asistir a ex pareja de su cliente: “Se equivocaron de enemigo”
Gianina García está imputada por supuesto lavado de dinero desde el 2022, ya que está acusada de haber creado la empresa Grupo San Jorge para insertar en el sistema financiero el dinero del esquema de narcotráfico en el que Marset sería líder.
Ella había sido detenida en España en julio del 2024, luego de estar prófuga de la Justicia durante dos años en la causa A Ultranza, y de allí fue traída al Paraguay en mayo de este año.
