Se trata de la segunda condena contra el ex intendente Roberto Cárdenas que debía quedar firme, en el caso de lesión de confianza, por las irregularidades en la construcción de 15 instituciones educativas durante su administración en la Municipalidad de Lambaré, del Departamento Central.
Para dar cumplimiento a la condena, la jueza de Ejecución de Sentencia Sandra Kirchhofer dispuso primero la captura y posteriormente la dejó sin efecto, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La pena de ocho años había sido apelada por la defensa de Cárdenas y luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la confirmó a través de un recurso extraordinario de casación.
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La defensa del ex intendente desistió de la casación, por lo que debía quedar firme la sentencia.
Pero el abogado David Florentín, representante legal de Roberto Cárdenas, a la par presentó una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia, que no estaba en conocimiento de la magistrada que dispuso la captura.
El profesional del derecho se enteró de que la jueza firmó la orden, entonces remitió un escrito informando sobre la acción, así que Kirchhofer consultó a la Sala Constitucional y esta le confirmó que estaba pendiente de resolución, por tanto, decidió dejar sin efecto su disposición inicial.
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El ex jefe comunal tiene otra condena firme de dos años de cárcel por usurpación de funciones públicas, que apenas cumplió tres meses en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Posteriormente, continuó la pena en su casa por disposición de la jueza de Ejecución de la ciudad de Luque María Estela Bareiro, el 24 de febrero pasado.
El político es considerado como un chicanero serial, por trabar sus causas. Tiene cinco causas por presuntas malas gestiones durante su administración al frente de la Comuna lambareña entre 2010 y 2015.
También lleva una causa por el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré, en la que recibió una condena de cuatro años. Este se había reenviado para un nuevo juicio, pero hasta ahora no se pudo hacer. Actualmente, está pendiente también una acción de inconstitucionalidad.
