La jueza Nélida Alvarenga dio lugar al amparo promovido por la firma Ita Paraná sobre la concesión de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este y afirmó que “de ninguna manera se debe a factores exógenos”, en un comunicado que se dio a conocer este martes, según informó el corresponsal Edgar Medina.
Explicó que la Municipalidad tomó la administración de la estación de buses de forma ilegítima en contravención a un acuerdo de voluntades a la que ambas partes deben someterse, como dispone el Código Civil, la Ley Orgánica Municipal y todo el orden jurídico nacional.
Además, sostuvo que el Juzgado a su cargo no se expidió sobre el fondo de la cuestión. En ese sentido, afirmó que eso “debe ser conocido por los asesores jurídicos de la Comuna para no manipular información sobre el caso”.
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La Municipalidad de Ciudad del Este había recuperado la administración de la terminal por ordenanza municipal después de 33 años que, según la Intendencia, causaba un perjuicio de USD 1 millón por año. La Intendencia alegó incumplimientos de la empresa en sus obligaciones y, en especial, a lo referente al mantenimiento y conservación del recinto.
Posteriormente, la firma promovió un amparo y Alvarenga le devolvió la administración. Sin embargo, la orden judicial no se pudo cumplir durante el lunes debido a que centenares de ciudadanos autoconvocados acompañaron al intendente Miguel Prieto y no permitió que la actuaria judicial ingrese a las oficinas administrativas.
Los abogados de la empresa fueron expulsados de la terminal por los manifestantes que hicieron un cordón humano para evitar que ingresen a las oficinas administrativas.
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Incluso, durante la noche del lunes, un grupo de personas realizó un escrache frente a la vivienda de la magistrada, arrojando papel higiénico y otros objetos contra la casa. Ante este ataque contra su domicilio y los calificativos hacia su persona, Alvarenga emitió este comunicado.
Luego de que la Municipalidad tomara la administración de la terminal, la empresa denunció al intendente y a otros funcionarios por extorsión, lesión de confianza, intervenciones peligrosas en el tránsito, violación de domicilio, daño y hurto agravado, supuestamente cometidos al ingresar a las oficinas de la empresa privada en la estación.
Denuncia por escraches
La jueza Nélida Alvarenga realizó una denuncia por perturbación de la paz pública ante el Ministerio Público contra un grupo de ciudadanos que la escrachó en la noche del lunes frente a su casa.
“La acción de los vándalos se ha verificado luego de amenazas públicas que han realizado en la fecha mencionada por todas las redes sociales a raíz de la resolución”, comentó en la denuncia.
Criticó que los manifestantes, además de lanzar todo tipo de deshechos y gritar improperios contra su persona, explotaron petardos y dijo que pusieron en peligro la integridad de su familia.
“Además de eso, la explosión (de los petardos) y trozos de madera lanzados sobre la reja causaron daños a mi cerco eléctrico, que quedó inutilizado totalmente”, refirió.
Pidió que la Fiscalía identifique a los autores, los impute y abra una carpeta de investigación.
