De ilegítima declaró la jueza laboral Nélida Alvarenga a la resolución municipal por la cual la Comuna tomó, hace dos semanas, de carácter urgente la administración de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este y ordenó devolver la gerencia a la empresa Itá Paraná SA, que explotó la gerencia por más de 33 años. La orden judicial no se pudo cumplir ayer porque centenares de ciudadanos autoconvocados acompañó al intendente Miguel Prieto y no permitió que la actuaria judicial ingrese a las oficinas administrativas.
Durante el procedimiento, los abogados de la empresa Itá Paraná fueron expulsados a empellones de la Terminal de Ómnibus por los manifestantes que hicieron un cordón humano para evitar que ingresen a las oficinas administrativas, en el momento en que acompañado de una actuaria judicial llegaron con intenciones de hacer cumplir la sentencia. Los pobladores fueron convocados a través de las redes sociales para defender la administración municipal, tras la sentencia judicial.
La magistrada Alvarenga afirmó que la Comuna utilizó una resolución municipal como medida de urgencias para tomar la administración de la terminal y rescindir el contrato vigente en forma unilateral, por lo que correspondía declarar la ilegitimidad de la medida administrativa y reestablecer los derechos de la empresa Itá Paraná SA. Además, se ordena que el intendente municipal pague las costas en forma solidaria con la Municipalidad de Ciudad del Este, según la resolución.
MEDIDA. La Municipalidad había resuelto asumir la administración de la terminal por supuesto incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa privada, con relación al mantenimiento del edificio, sanitarios, asfalto interno, instalaciones eléctricas y seguridad.
La resolución judicial es arbitraria para la abogada Nidia Silvero de Prieto, directora jurídica de la Comuna. Refirió que la misma es “inaudita, arbitraria, ilegal, amañada, acomodada y negociada, que dictó la jueza en lo laboral dando lugar a un amparo absolutamente ilegal, desconociendo normas municipales, legales y constitucionales”.
Enfatizó que no dudan de que existe un Poder Judicial cómplice con los delincuentes que históricamente han apañado la corrupción, que han acomodado las leyes contra los intereses de la ciudadanía. Señaló que incluso las cofradías y hermandades están detrás del negociado, que priva de un millón de dólares anuales a la Municipalidad local.
El intendente Miguel Prieto sostuvo que no retrocederán en la decisión, aun contra la orden judicial. “No estoy aferrado al cargo. Si tengo que irme a la cárcel, si tengo que perder mi cargo por defender a la ciudadanía, que vengan a llevarme ahora mismo, no vamos a retroceder, no vamos a permitir que grupos familiares que están negociando los intereses de la ciudadanía sigan beneficiándose”.
