El magistrado de Garantías, tras recibir el pedido de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, dispuso la reapertura y prosecución de la causa por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso contra el senador Hernán David Rivas.
Además, tuvo por recibido el requerimiento conclusivo de acusación y elevación a juicio oral contra el legislador cartista. También puso a disposición de la defensa lo presentado por la fiscalía y todas las evidencias.
Finalmente, fijó para el próximo 17 de setiembre a las 8 horas, la audiencia preliminar, donde estudiará el pedido fiscal y resolverá si eleva o no la causa a juicio oral y público, donde se debatirá el caso.
Las agentes fiscales acusan al congresista de tres hechos concretos, una su elección como representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el segundo el juramento ante la Corte Suprema y finalmente, su designación como representante del Senado ante el Jurado, donde usó documentos de contenido falso.
En su resolución, el juez dice que de los antecedentes, se desprende que, al momento de solicitar el sobreseimiento provisional, el pedido se realizó con la expectativa de incorporar nuevos elementos de convicción que permitan la continuación del procedimiento.
Apunta que “se constata que la solicitud de reapertura se ha realizado dentro del plazo previsto en la norma penal vigente, por lo que esta magistratura considera que corresponde hacer lugar a la reapertura de la presente causa penal, en relación al señor Hernán David Rivas Román”.
Asimismo, tras tener por presentado el requerimiento conclusivo de acusación contra el imputado por los dos delitos y puso de manifiesto en Secretaría, por el plazo de cinco días, el escrito presentado por la fiscalía. Asimismo, las actuaciones, evidencias y medios de prueba reunidos por el Ministerio Público durante la investigación preliminar, que fueron remitidos en la presente causa y que obran en la carpeta fiscal.
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Para sustentar su petición, Sánchez y Guerrero ofrecieron 69 testigos, seis tomos de documentos, a más de otros medios de pruebas para ser producidos en el juicio oral que requieren.
Según la fiscalía, son documentos de contenido falso el certificado de estudios del 12 de mayo del 2018, sin número, y el título que fue registrado por el Ministerio de Educación y Cultura del 9 de junio del 2020, pero que consta emitido el 6 de marzo de 2020, ambos por la Universidad Sudamericana, con lo que sostuvo que cursó la carrera universitaria entre los años 2010 al 2015.
Con estos documentos no solo juró como abogado ante la Corte Suprema, sino que fue representante primero de la Cámara de Diputados y luego del Senado, ante el JEM.
