14 ene. 2026

Pagarés: 15 víctimas preparan manifestación en el Chaco

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Grave. Víctimas denuncian que siguen teniendo descuentos

RODRIGO VILLAMAYOR

Por “falta de celeridad, sometimiento a la rosca mafiosa y la complicidad de los jueces en la mafia de los pagarés”, víctimas de diferentes departamentos anuncian que este jueves harán una protesta frente al Juzgado de Paz de Benjamín Aceval y también al de Villa Hayes.

En ambos juzgados, las víctimas siguen siendo descontadas, pese a querer arreglar su situación, por lo que la protesta será en contra de la cuestionada jueza de Paz, Zoraida Olguin, quien ahora interina en Benjamín Aceval.

Olguin había sido sumariada en el 2020, por obligar presuntamente a su actuaria a firmar un documento de contenido falso.

Las víctimas denuncian que continúan los embargos irregulares en dicha localidad, iniciados por la abogada de Vanessa y Asociados, Zully Ortiz, hoy procesada.

Allí, tanto el ahora ex juez Roberto Ferreira y la actuaria Mirian Martínez también habrían tenido responsabilidad.

Por su parte, la manifestación continuará luego en el Juzgado de Paz de Villa Hayes.

EMPRESA INVOLUCRADA. Laura Duarte, una de las docentes que tiene dos juicios en el Juzgado de Paz de Villa Hayes por demandas de la empresa LM, hizo una investigación interna y descubrió que es un modus operandi de una familia y amigos.

Contó la profesora que fue embargada primero por la firma Eda y Asociados, y luego, ya a través de LM, que está a nombre de María Laura Guirland y también Lidia Mabel Estigarribia Quintana, socias de ambas compañías.

En ambas empresas operaría también el esposo de Estigarribia, Roberto Ariel Domínguez, y todos ellos iniciaron como vendedores de supuestos comercios como Marithe, Trial, Muñequita, y que actualmente utilizan la denominación de Créditos Kingo.

Según Laura Duarte, no conocía de dónde venían sus embargos, pero después fue descubriendo a toda la supuesta red detrás.

“El esquema es el de siempre: Contactan con los docentes, ven la base de datos que al parecer obtienen del MEC (Ministerio de Educación)”, contó.

“El supuesto gestor cobra una comisión de G. 500.000 por cada víctima y buscan especialmente a personas que tengan muchos descuentos”, continuó.

Les dicen a los docentes que tendrán un descuento exclusivamente por MEC, “pero en realidad es préstamo por embargo”, dijo.

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