El pedido de separación del juez fue planteado por el abogado Roberto Carlos Benítez, en representación de Higinio Acuña. A raíz de su solicitud, se suspendió la audiencia preliminar prevista para este martes.
El caso Tía Chela investiga el presunto negociado en la compra de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia, donde existe un presunto perjuicio de G. 2.949 millones.
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El abogado Benítez, cuyo arresto disciplinario ordenó el juez en la otra causa, conocida como Tajy, donde el supuesto perjuicio es de G. 306 millones, alegó que existe un odio y resentimiento por parte del magistrado y dice que debe ser apartado por parcialidad y falta de independencia.
Como consecuencia de la recusación, el juez Otazú dispuso la suspensión de la audiencia preliminar. Además, debe remitir un informe al Tribunal de Apelación Especializado para que resuelva el pedido.
Denuncia ante Superintendencia
Por otro lado, el mismo abogado Roberto Carlos Benítez denunció al magistrado Otazú ante la Superintendencia de la Corte, por supuesto incumplimiento de sus deberes legales y otras faltas a determinar.
En su escrito, señaló que desde el primer minuto de la audiencia fijada para el 30 de setiembre, en la causa conocida como Tajy, el mismo tuvo una “abusiva actuación”.
Según explicó, el juez entró a la sala, donde muchos se levantaron y otros no, pero no por falta de respeto, sino porque no se percataron de su presencia.
Señaló que Otazú, “en tono petulante y agresivo”, dijo que “pueden tomar asiento los educados y respetuosos que saludaron”. Luego, advirtió que no se podía filmar ni usar celulares.
Remarcó que toda esa situación hizo que el ambiente se caldeara más y que “era una pólvora más a la desconfianza de muchos –o todos– tenemos sobre falta de imparcialidad del referido magistrado”.
Además, recordó que el magistrado tenía vínculo espiritual con la familia Zacarías Irún, “acérrimo enemigo político” del ex intendente Miguel Prieto.
El defensor luego comentó sobre el pedido de suspensión de parte del abogado defensor del acusado Bruno Aguayo, por haber planteado la excepción de incompetencia de jurisdicción, a lo que el juez respondió que dicha excepción fue declarada inadmisible, conforme relató.
“Intimidante y agresivo”
Ante esto, de acuerdo con la denuncia, el abogado Aguayo dijo que iba a presentar recusación, a lo que el juez “en tono intimidante y agresivo” se dirigió al citado abogado y le preguntó “si estaba seguro de lo que quería hacer”, y si su defendido le autorizaba a ello.
Según la denuncia, esto resultaba insólito, además le preguntó si tenía el pedido por escrito, a lo que el mismo le dijo que sería en forma oral, con lo que el juez respondió que las recusaciones son por escrito, y luego le negó el uso de la palabra.
Remarcó que cualquiera sabía que en las audiencias orales estos pedidos podían ser en forma oral, y que era un avasallamiento del derecho a la defensa.
Alegó también que ante todos estos actos abusivos, el juez luego se dirigió a los presentes donde pidió que actuaran con respecto, decoro y delicadeza, a lo que él (Roberto Carlos Benítez), solicitó la palabra y en forma vehemente le reclamó su actuación y le recordó su parentesco espiritual con la familia Zacarías Irún.
La denuncia señaló que el profesional le dijo “que el mismo carece de imparcialidad y que no puede exigir respeto si el mismo no respeta su magistratura y tampoco decoro y delicadeza, ya que el mismo no actúa de esa forma al aferrarse a la causa existiendo causas de inhibición”.
Presentó el acta de la audiencia y luego señaló que dispuso su arresto disciplinario “sin que me diera la oportunidad de ser oído previamente, tal como exige el artículo 112 del Código Procesal Penal”.
Finalmente, indicó que permitió continuar la audiencia estando el acusado Higinio Acuña sin defensor, ya que fue arrestado por orden del magistrado.
Señaló que la medida de arresto disciplinario fue sin ninguna justificación, dice que hubo abuso de poder. Concluye que los actos del juez deben ser calificados como “arbitrarios en su máxima expresión, dictadura judicial, grave abuso de poder, manifiesta extralimiación de facultades, entre otros”.
Por último, pidió la instrucción de un sumario al magistrado por los hechos denunciados de incumplimiento de deberes legales y otras faltas a determinar, entre otros.
