01 ago 2026

Juez desestima denuncia contra ex fiscala general Sandra Quiñónez

El juez Humberto Otazú desestimó una denuncia contra la ex fiscala general Sandra Quiñónez, una ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento, una fiscala adjunta y tres ex fiscales, por el caso del supuesto blanqueamiento de licitaciones amañadas por USD 20 millones que involucraba al ex titular del IPS Benigno López y el ex senador liberal Fernando Silva Facetti.

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Desestimada. Sandra Quiñónez, ex fiscala general del Estado.

Foto: Archivo ÚH.

La resolución del magistrado de Delitos Económicos se dio a pedido del fiscal Leonardi Guerrero, quien solicitó la desestimación de la denuncia porque no se pudo evidenciar que existió un hecho punible en la conducta de los denunciados, conforme señala.

Además de la ex fiscala general Sandra Quiñónez, la resolución también afecta a los entonces agentes fiscales Victoria Acuña, Julio Dos Santos y Liliana Alcaraz (actual ministra de la Seprelad), la actual fiscala adjunta Soledad Machuca y la ex representante del Poder Ejecutivo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mónica Seifart.

La pesquisa se inició a raíz de la denuncia ante el Ministerio Público de Sergio Lovera Cañete, quien solicitó que se investigaran las 16 denuncias realizadas por este ante la Fiscalía General del Estado, así como también la Causa N° 137/12 caratulada “Fernando Silva Facetti sobre lesión de confianza”, a cargo de la ahora ex fiscala Victoria Acuña y otra de Benigno López sobre lesión de confianza, entre otros.

Alegó que en la mencionada causa se ha dado el cambio de caratula, el extravío del expediente fiscal y finalmente la solicitud de la desestimación de la denuncia.

Remarcaba el denunciante que esto conllevó a que denuncie ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la agente fiscal a cargo de dicha investigación.

Refirió también que las denuncias realizadas no han sido investigadas en debido tiempo y forma, derivando en una dilación excesiva para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y el consecuente peligro de la extinción del proceso penal.

La denuncia fue por los presuntos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, lesión de confianza, realización del hecho por funcionario y prevaricato.

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