Tras el pedido de la Fiscalía de la medida de prisión preventiva para los encausados, el juez de feria Humberto Otazú resolvió está mañana aplicar el encierro preventivo para Osmar Cañete Roa, ex gerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, del Departamento de Tesorería de Copaco. Ambos se presentaron hoy en compañía de sus abogados defensores para su audiencia de imposición de medidas.
Tanto Cañete Roa como Valdez Centurión están imputados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, instigación de alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos.
Las agentes fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pidieron la prisión preventiva de los ex funcionarios del ente, y la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el tercer imputado, también funcionario de la entidad.
El tercer imputado es Víctor Marcelo Jacquet Pintos, quien fue convocado el 10 de febrero, a las 10:30, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Según la Fiscalía, los procesados, en virtud de los cargos que ocupaban y del acceso que tenían tanto al sistema informático administrativo y contable interno de Copaco, conocido como SAF, como a las cuentas corrientes del ente en distintos bancos de plaza, habrían simulado pagos a proveedores autorizados por la comisión directiva, mediante transferencias realizadas a través del sistema Sipap.
Sin embargo, refiere la imputación fiscal, parte de dichos fondos, en este periodo de tiempo, habrían sido destinados a las cuentas personales de ambos funcionarios.
El pedido indica que Cañete Roa, en su carácter de gerente administrativo financiero de Copaco SA, así como Valdez Centurión, en su carácter de jefe del Departamento de Tesorería de la misma compañía, habrían accedido a los sistemas y cuentas bancarias de la institución.
Además, habrían implementado un mecanismo orientado a simular egresos por parte del ente, a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales para, en realidad, disponer y redirigir los fondos a cuentas particulares de ellos mismos, así como de terceros.
