El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó el expediente del diputado Miguel Cuevas, investigado y preso por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
La propuesta fue hecha por Adrián Salas, quien señaló que se denunciaron “hechos delicados” durante la conferencia de prensa realizada desde la Agrupación Especializada por Cuevas y sus abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Brizuela este lunes.
“Lo que quiero pedir es traer los antecedentes a la vista del caso. Me parece importante analizar las actuaciones, si son ciertas o no. Es deber del Jurado analizar las actuaciones”, indicó Salas durante el tratamiento de asuntos varios de la sesión ordinaria.
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La decisión se toma luego de que Duarte Cacavelos objetara el peritaje de los bienes realizado por el perito Mateo Nakayama, del Ministerio Público, alegando que existe un error de G. 4.081 millones en el valor de los inmuebles de Cuevas.
El abogado sostiene que un peritaje realizado por el Poder Judicial difiere drásticamente con el del Ministerio Público y mencionó que el estudio de la Fiscalía halló bienes por G. 7.457 millones y el del Poder Judicial señala G. 3.337 millones.
Agregó que el peritaje debe tener en cuenta el valor de las propiedades en el momento que adquirió el diputado y no el valor actual, además de afirmar que el equipo de investigación obstaculizara la presentación de pruebas por parte de la defensa.
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Su colega Brizuela comentó que incluso en los documentos de la Fiscalía se establecieron ingresos “que no se saben de dónde salieron”.
La denuncia fue realizada luego del informe del peritaje del Poder Judicial, que estuvo a cargo del perito de la Corte Suprema de Justicia Luis Rubén Brítez.
Con la pericia se debe esclarecer si Miguel Cuevas cometió o no enriquecimiento ilícito, ya que se determina el valor de cada uno de los inmuebles adquiridos por el político colorado en los distritos de Sapucái y Escobar, así como la fecha de compra de cada propiedad.
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Cuevas se encuentra privado de su libertad desde el 15 de febrero. La Fiscalía lo investiga por un supuesto incremento en su patrimonio de manera desmedida durante el tiempo en que se desempeñó como gobernador de Paraguarí.
El Ministerio Público informó que el legislador tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.
