El Congreso Nacional adjudicó el pasado 20 de noviembre a la firma Renfe SA para la provisión de 7 ascensores a la sede del Congreso. El monto adjudicado fue de G. 3.300.168.334 y la firma del contrato se produjo el pasado 28 de noviembre.
Se trata del llamado a licitación, con ID 475169, denominado “Contratación de Adquisición de ascensores para el Congreso de la Nación”.
ASPECTOS LLAMATIVOS. Uno de los aspectos llamativos es que el Congreso, bajo la administración de Basilio Bachi Núñez, optó por la oferta más cara. Según se observa en los documentos presentes en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), solo dos empresas ofertaron para quedarse con el llamado.
Una fue Oga Ascensores, que propuso un presupuesto de G. 2.687.903.834, mientras que Renfe SA –empresa finalmente adjudicada– propuso un presupuesto de G. 3.300.168.334, es decir, G. 612.264.500 más elevada.
A esto se suma que la firma Renfe SA, de Andrea Andy Aranda Duarte, ya cuenta con antecedentes como las tres inhabilitaciones que recibió entre el 2019 y 2020.
La primera fue el 11 de noviembre del 2019, donde recibió una inhabilitación de tres meses. La segunda se produjo el 19 de marzo del 2020, y recibió una inhabilitación de cinco meses. Finalmente, la última inhabilitación se produjo el 3 de julio de ese mismo año. La inhabilitación en esta oportunidad fue de cuatro meses.
De acuerdo a publicaciones periodísticas, esta firma en cuatro ocasiones presentó ofertas con facturas y otros documentos falsos.
Otro aspecto llamativo es que el director de la empresa, llamado Rafael González Thorne, fue detenido en julio pasado por denuncias por estafa. El 22 de julio de este año nuevamente fue detenido por poseer siete denuncias nacionales e internacionales por estafa. Incluso fue declarado en rebeldía. Para evitar estar en la cárcel, presentó un inmueble como fianza, que está a nombre de su pareja, valuado en G. 1.000 millones y ubicado en la ciudad de Ñemby.
En documentos a los que accedió ÚH se observa cómo esta empresa Renfe SA tuvo un inconveniente con la Universidad Nacional de Itapúa. Allí se ve que este ciudadano peruano representa a la firma Renfe SA.
MÁS DETALLES. El contrato establece la instalación de 7 ascensores. Los mismos estarán distribuidos de esta manera: Uno para uso de la Presidencia de Diputados de 2 paradas, por G. 337 millones; uno público para la Cámara Baja de 7 paradas por G. 528 millones, y otro presidencial, para el Senado, de 2 paradas, por G. 326 millones.
Además, establece la provisión e instalación de un ascensor público para el Senado de tres paradas por G. 404 millones. Otro que sería para carga, en la Cámara Alta, de 5 paradas, por G. 404 millones.
Otro más para el Senado, de 2 paradas, por G. 309 millones y uno público para Diputados, de cinco paradas, por G. 400 millones.
El Congreso tiene un total de 13 ascensores, de los cuales 7 están en el Senado y 6 en Diputados.
Durante el año, un total de 6 ascensores ya fueron cambiados; 4 de senadores y 2 de los diputados.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de este llamado fue elaborado durante la administración del ex presidente del Congreso Silvio Beto Ovelar, en el 2024.
13 ascensores tiene el Congreso Nacional, de los cuales siete están en el Senado y los otros seis en Diputados.
3.300 millones de guaraníes es el valor del contrato entre el Congreso y la empresa Renfe SA, de Andrea Aranda.
Bachi admite que es la más cara
Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional, en contacto con ÚH, afirmó que sí está al tanto de que fue elegida la oferta más cara. No obstante, aseguró que no le compete a él investigar u opinar sobre los antecedentes que tiene la empresa. Esto tras ser consultado respecto a las inhabilitaciones y la detención de un director de la empresa adjudicada meses atrás.
A inicios de agosto, el titular del Congreso afirmó que a pesar de las críticas de medios de comunicación, él iba a renovar los 13 ascensores que posee el Congreso Nacional.
Señaló que solo en reparaciones ya se gastaron G. 4.000 millones en los últimos 10 años, por lo que es mucho más conveniente cambiarlos por nuevos equipos.
Sostuvo en ese momento, durante una sesión ordinaria de la Cámara Alta que el trasfondo de los ataques a este llamado es una guerra comercial entre empresas.
“El que medianamente entiende de licitación pública sabe que el oferente, que está participando, firma una declaración jurada de que todos los documentos son válidos, no son falsos; no es potestad del ministro, del presidente del Congreso Nacional ir a controlar eso”, dijo meses atrás ante el pleno.
