El diputado por Paraguarí Miguel Cuevas y sus abogados brindaron este lunes una conferencia de prensa en la Agrupación Especializada, donde guarda reclusión desde febrero por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El político colorado sostuvo que es inocente en la causa y que es el más interesado en que se esclarezca su caso. “Todo lo que tengo he ganado con sacrificio y esfuerzo. Quiero mi libertad para seguir trabajando por mi pueblo”, señaló.
En dicha ocasión, los representantes legales del legislador expusieron que hay datos “llamativos” en la pericia realizada por el Ministerio Público a los bienes del diputado, ya que hay importantes diferencias con el resultado de un nuevo peritaje realizado del Poder Judicial.
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El abogado Carlos Villamayor afirmó que desde diciembre del año pasado, el organismo de investigación obstaculizó la presentación de pruebas por parte de la defensa. “El 16 de diciembre se solicitó en la pericia un tercer perito imparcial (...). Se designó uno y se realizó el informe, donde se encontraron varias discrepancias”, remarcó.
Su colega, Santiago Brizuela, indicó incluso que en los documentos de la Fiscalía se establecieron ingresos “que no se saben de dónde salieron”. Dijo que quieren dilucidar toda las informaciones que se manejan a partir de diciembre, y “sacar a la luz todos los aspectos que tiene la investigación”.
El abogado Guillermo Duarte alegó que “el perito se equivocó en G. 4.081 millones”, con datos de fincas mal consignadas, las mediciones de inmuebles, y los valores correspondientes, y que los investigadores trazaron un “valor subjetivo”. Indicó que el peritaje del Poder Judicial no corresponde a ninguna de las partes, por lo cual es “neutral”.
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Con la pericia se debe esclarecer si Miguel Cuevas cometió o no enriquecimiento ilícito, ya que se determinará el valor de cada uno de los inmuebles adquiridos por el político colorado en los distritos de Sapucái y Escobar, así como la fecha de compra de cada propiedad.
El estudio que llevó adelante el Poder Judicial estuvo a cargo del perito de la Corte Suprema de Justicia Luis Rubén Brítez.
